En 2010, dos jóvenes murieron por un derrumbe en el local bailable en Palermo. Ahora, la Cámara del Crimen procesó a funcionarios, empresarios y constructores que intervinieron en la habilitación.
La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de funcionarios del Gobierno porteño y ratificó que hubo pago de sobornos para la habilitación del boliche Beara, donde el derrumbe de un entrepiso el 10 de septiembre de 2010 provocó la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y de Paula Leticia Provedo, de 20. Además, apuntó contra funcionarios por las irregularidades en la habilitación del local.
«El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que, dentro del presupuesto de Beara, hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina cometa a fin de obtener la habilitación del local», sostuvo la Sala VII del Tribunal.
Los jueces confirmaron los procesamientos del ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano; del inspector Carlos Gabriel Mustapich; de los empresarios Juan Carlos María Yun; Agustín Dobrila; Roberto Martín Kattan Coria; Ivan Andrés Fliess y Ronaldo Fliess; de los gestores de las habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto; del arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky y del maestro mayor de obras Gustavo Amaru.
«Dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, a pesar de las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente», remarcó la Cámara.
En la misma resolución, los jueces revocaron los sobreseimientos del ex titular de «Habilitaciones» del Gobierno porteño Martín Farrell y del ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas.
«Por sus condiciones de funcionarios de mayor jerarquía en la Dirección de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les correspondía un análogo deber de previsión, Farrell contaba con la potestad de denegar la habilitación», cosa que no hizo, valoraron los jueces Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Esteban Cicciaro.
En tanto, señalaron que Saikauskas «intervino en el acto de su otorgamiento, concediéndola, pese a las irregularidades verificadas» en el boliche.
De esta forma, los jueces hicieron lugar al recurso de apelación del fiscal de instrucción Andrés Madrea contra el fallo de primera instancia, y determinaron que la conducta de los funcionarios «ha sido la consecuencia de una violación de sus deberes de cuidado por parte de quienes participaban en la explotación del negocio allí instalado y de quienes tomaron parte en la organización y realización del multitudinario evento llevado a cabo aquella noche».
«Las circunstancias que provocaron el colapso han respondido eminentemente a los comportamientos imprudentes, ello no conduce a desvincular de la ocurrencia del derrumbe y de los resultados lesivos a aquellas personas que, con anterioridad, habrían realizado las actividades que derivaron en la irregular habilitación», concluyó la Cámara.
