La Sala Sexta de la Cámara del Crimen anuló el sobreseimiento del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en la explotación de la cartelería pública metropolitana.
En una resolución de 16 carillas, los camaristas Mario Filozof, Marcelo Lucini y Gustavo Bruzzone; también le pidieron a Macri que dé explicaciones «para verificar su vinculación, o no, con los hechos investigados».
Las mismas explicaciones les fueron solicitadas al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli.
En tanto, el ex ministro de Espacios Públicos, Juan Pablo Piccardo y los ex funcionarios Tomás Pastalanga y Horacio Daniel Tonelli, miembros de la comisión evaluadora de adjudicaciones, deberán ser convocados a prestar declaración indagatoria.
«No es posible sostener el sobreseimiento que desvincula a los aquí imputados … porque no constituye una derivación razonada de los hechos frente a la falta de una debida investigación que se suple con afirmaciones dogmáticas», dijeron los camaristas.
Fuentes allegadas a la pesquisa recordaron que la causa llegó a la Cámara a través de una apelación presentada por el abogado Mariano Bergés, un ex juez de instrucción, quien representa a la firma Spinaloza una empresa relegada de la explotación de la cartelería pública.
Bergés había cuestionado los sobreseimientos dictados en primera instancia, el 3 de febrero último, por el juez Facundo Cubas y que habían beneficiado a Macri, y a Rodríguez Larreta, entre otros acusados.
Los camaristas también apartaron al juez Cubas para continuar interviniendo en la causa.
Las autoridades de Spinazola denunciaban en esta causa que habían sido excluidas de la explotación de «Mobiliario Urbano» mientras que otras dos empresas en su misma situación seguían trabajando para el Gobierno porteño.
En su apelación el letrado manifestó que «el Gobierno de la Ciudad ha decidido mantener a quienes están con contratos precarios, que no requieren siquiera trámites mínimos para que otros oferentes puedan lícitamente pretender publicitar en la vía pública».
En una resolución de 16 carillas, los camaristas Mario Filozof, Marcelo Lucini y Gustavo Bruzzone; también le pidieron a Macri que dé explicaciones «para verificar su vinculación, o no, con los hechos investigados».
Las mismas explicaciones les fueron solicitadas al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli.
En tanto, el ex ministro de Espacios Públicos, Juan Pablo Piccardo y los ex funcionarios Tomás Pastalanga y Horacio Daniel Tonelli, miembros de la comisión evaluadora de adjudicaciones, deberán ser convocados a prestar declaración indagatoria.
«No es posible sostener el sobreseimiento que desvincula a los aquí imputados … porque no constituye una derivación razonada de los hechos frente a la falta de una debida investigación que se suple con afirmaciones dogmáticas», dijeron los camaristas.
Fuentes allegadas a la pesquisa recordaron que la causa llegó a la Cámara a través de una apelación presentada por el abogado Mariano Bergés, un ex juez de instrucción, quien representa a la firma Spinaloza una empresa relegada de la explotación de la cartelería pública.
Bergés había cuestionado los sobreseimientos dictados en primera instancia, el 3 de febrero último, por el juez Facundo Cubas y que habían beneficiado a Macri, y a Rodríguez Larreta, entre otros acusados.
Los camaristas también apartaron al juez Cubas para continuar interviniendo en la causa.
Las autoridades de Spinazola denunciaban en esta causa que habían sido excluidas de la explotación de «Mobiliario Urbano» mientras que otras dos empresas en su misma situación seguían trabajando para el Gobierno porteño.
En su apelación el letrado manifestó que «el Gobierno de la Ciudad ha decidido mantener a quienes están con contratos precarios, que no requieren siquiera trámites mínimos para que otros oferentes puedan lícitamente pretender publicitar en la vía pública».
