El caso y las denuncias

La investigación judicial, a cargo del fiscal Marín Bertone, se inició a raíz de la denuncia de una persona que manifestó que era miembro de una organización religiosa que visita a los alojados en geriátricos de La Falda.

La denunciante dijo que personas que están internadas en Bethel (ubicado en Ferrarini al 200 de Villa Caprichosa) le habían comentado que no eran bien atendidas, que pasaban hambre y frío y maltrato físico de los propietarios.

Además, una vecina también presentó una denuncia en la que mencionó que se escuchaban llantos y gritos de una residente pidiendo comida.

La vecina agregó que había visto a dos personas jóvenes con aparente discapacidad que en algunas oportunidades sufrían maltrato de los empleados.

A partir de esta situación, el MPF señaló que se tomaron fotos del lugar y el juez de Control de la ciudad de Cosquín ordenó un allanamiento en el que participaron la Policía, una licenciada  en Trabajo Social y una médica policial.

Informe judicial

Los profesionales de la Justicia, luego de entrevistar y realizar un examen clínico, elevaron un informe en el que indicaron que los residentes evidenciaban miedo a relatar lo que ocurre y las condiciones son paupérrimas.

También señalaron que los lugares de descanso son inadecuados porque los colchones se encuentran en malas condiciones y no hay cantidad suficiente de empleados.

Los pacientes, según el informe, manifestaron su disconformidad con la alimentación y la atención.

Agregaron que el trato de los propietarios con los residentes era de sometimiento, ejerciendo violencia física, psicológica, económica.

Imputaciones

A raíz de esta situación, la fiscalía de Bertone imputó al propietario del establecimiento Aldo Dante Friml (enfermero de 60 años) y su hijo y encargado del lugar, Pablo Ariel Frilml, por la presunta “privación ilegítima de la libertad”.