La titular de la defensoría, Stella Maris Martínez, se pronunció en contra de la elección popular de jueces y criticó también el abuso del recurso de las medidas cautelares, que según remarcó “si son eternas” general una Justicia que no es tal». Martínez se refirió a la Ley de Medios y resaltó que una cautelar “no debe ser un obstáculo” para que se cumpla una norma.
Luego de una año donde el foco de debate también alcanzó a las eventuales reformas que deberían hacerse sobre el sistema de Justicia, y cuando, aún, no pudo aplicarse en su plenitud la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tras una serie de medidas cautelares, desde la Defensoría General de la Nación pidieron hacer una “reflexión” seria sobre la Justicia que la sociedad argentina quiere tener.
Quien hizo la sugerencia y también incurrió en algunas críticas fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que cuestionó de modo directo la “la presión de los medios”, a la que consideró, en este sentido, “peligrosa».
Martínez, quien encabezó junto a la procuradora Alejandra Gils Carbó el pronunciamiento por una `Justicia Legítima`, consideró se refirió de manera específica a las medidas cautelares que desde hace años impiden la plena aplicación de la Lay de Medios.
«Si las cautelares son eternas, tenemos una Justicia que no es tal», advirtió.
«Nos debemos una amplia discusión sobre cómo está funcionando el sistema de administración de Justicia. No tenemos que tener miedo a ser sometidos al escrutinio público», aseguró la jefa de todos los defensores oficiales.
En esta línea, se manifestó en contra de la elección popular de los jueces, un debate que se insinuó a fines del año pasado, luego de que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidiera democratizar la Justicia.
“Me parece que va a ser un sistema de mayor presión. En aquellos lugares en los que se implementó, no fue bueno», alertó.
En este marco, Martínez volvió sobre la necesidad de un debate serio al recordar que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó tres fallos contra Argentina y los tres fallos están cuestionando medidas del Poder Judicial».
«Hubo muchas situaciones graves, como la contemplación con jueces que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad», marcó.
Consultada concretamente sobre la ley de Medios, opinó que «podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado».
«La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución», subrayó.
Martínez también remarcó que «la independencia tiene que ser de todos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las grandes corporaciones, de la Iglesia, de los medios de prensa».
«¿O no es presión cuando los medios actúan de una manera beligerante y tomando posición a priori en un caso penal cualquiera? Luego el caso se termina, no era como se imaginaba originariamente y la persona quedó crucificada para siempre. Esto pasa todo el tiempo. Esta presión a mí me parece mucho más peligrosa», señaló.
«No me parecería mal hacer una experiencia de juicio por jurados, pero lo central es modificar el sistema de administración de Justicia para que las pautas democráticas, de respeto a las personas más vulnerables, entren y atraviesen todo el sistema, que todo el mundo se dé cuenta de cómo tenemos que actuar», indicó.
Martínez también cuestionó que «ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal tienen un sistema de selección para los secretarios» y propuso «fijar estándares mínimos» para «elevar el nivel de eficiencia».
En tanto, sobre las desigualdades del sistema judicial aseguró que «cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto».
Por último, opinó que «la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma» porque «está sobrecargada de trabajo» y allí «las causas tardan mucho» y al respecto opinó que una solución sería «poner una Corte Constitucional».
«Si tuviéramos un tribunal constitucional, cada vez que se declara una inconstitucionalidad, inmediatamente la ley cae para todos. Se supone que los jueces tienen que obedecer las resoluciones de la Corte, pero en la práctica sería preferible a todas luces tener un tribunal, o darle facultades constitucionales a esta Corte», concluyó.
