La CPM denuncia que 156 personas murieron en cárceles

   La Comisión Provincial por la Memoria presentó un nuevo informe anual y los datos estremecen. “Con este gobierno hubo un cambio en la orientación de la política criminal”, apuntó Sandra Raggio, directora General de la CPM.

La Comisión Provincial por la memoria (CPM) presentó el “Informe Anual 2017, el sistema de la crueldad” sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. “Con este gobierno hubo un cambio en la orientación de la política criminal. El informe se presenta en un marco de profundización y consolidación de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos”, señaló Sandra Raggio, directora general de la comisión, en referencia a los resultados del informe.

La referente de la CPM resaltó que “se persigue a los eslabones más débiles” de la cadena delictiva, y “no se lucha” contra “organizaciones delictivas, el crimen organizado y el narcotráfico”.

Según el informe, durante el último año 156 personas murieron en las cárceles de la provincia de Buenos Aires: más de 13 muertes por mes, más de 3 por semana. El 71 % de esas muertes se produjeron por desatención de la salud, lo que pone en la mira la crisis del sistema sanitario de las cárceles.

Hubieron más de 40 mil detenidos, la sobrepoblación en las cárceles bonaerenses alcanzó el 73,5% y en las comisarías supera el 150. Más de 16 mil hechos de torturas y 385 muertes de personas bajo custodia del estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública. “El aumento de la población carcelaria se profundiza, la práctica sistemática de la tortura se extiende y el hacinamiento y la sobrepoblación siguen siendo las principales características del sistema de encierro más grande del país”, destacaron desde la Comisión.

Raggio apuntó que hubo “una pérdida de control sobre la Policía” que, según explicó, son quienes llevan adelante nueve de cada diez investigaciones que llegan al sistema penal. En ese sentido, la CPM pide la creación de la “policía judicial”, que tendría como tarea llevar adelante las investigaciones y dependería del poder judicial. “Así, los efectivos estarían disponibles para la prevención del delito y para el cuidado de las personas en los espacios públicos”, argumentó.

Santiago Maldonado. En referencia a su desaparición, el informe sostiene: “No se inscribe en el vacío ni es un hecho excepcional. Es la expresión más dramática de las orientaciones de la política criminal y de seguridad que ha definido la gestión del presidente Mauricio Macri: tiene un claro sesgo regresivo y de mano dura en el modo de intervención del Estado en los diversos conflictos sociales y políticos”.

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