La campaña política corrupta del PRO

  Un escandaloso video revela que el gremio en el que fue interventora la candidata a Senadora Nacional, Gladys González (SOMU), pone recursos a través de su Fundación Azul, para hacer campaña al oficialismo.

La intervención ha recibido criticas y denuncias, ya que luego de una maniobra política se desplazaron a los interventores que en principio eran 3 para dejar con todo el poder a la diputada oficialista Gladys González, el juez también fue cuestionado por designar allegados en el gremio, como son Pablo Garrido y Sergio Ramiro Tejada, su cuñado.

Una de las denuncias que hoy investiga la Jueza federal Servini de Cubría hace referencia a gastos innecesarios y maniobras dudosas de la candidata Gladys González y el actual interventor, responde a la misma, por lo que resulta más que sospechoso que se destinen fondos de un gremio intervenido para hacer campaña.

La compañera de fórmula de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, Gladys González, ex interventora del SOMU (Sindicato de Obreros Marinos Unidos), el gremio de marítimos que condujo el ahora preso Omar´Caballo´Suárez, utiliza los fondos de la Fundación que pertenece al sindicato para hacer campaña en tierra bonaerense.

La información se conoció a través de un video que circula por las redes sociales y que muestra en los puestos de campaña de Cambiemos, el reparto de una bolsa con productos de es fundación. Es decir, González logró disponer de fondos de los afiliados del sindicato.

González tenía banca como diputada nacional por la Ciudad hasta 2017, no cumplió con su mandato porque desde el PRO la ‘bajaron’ a la Provincia para instalarse en lo que en ese momento era terreno virgen. Actualmente está de licencia como directora de Acumar para dedicarse en la campaña, el ente controlador de la cuenca Riachuelo Matanza, donde fue nombrada luego de su paso por el SOMU, el gremio de los marítimos, donde también está sospechada por manejos turbios.

El primer escándalo de González, fue en 2006 por “tráfico de influencias” cuando manejaba el banco Ciudad. La revista Veintitrés denunció ese año que les ofreció pauta del banco a cambio de una entrevista favorable a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno porteño.

Más tarde, la quisieron llevar a la Auditoría General de la Ciudad, pero fue impugnada en la Junta de Ética de la Legislatura por tener abierta una causa en el juzgado en lo Criminal y Correccional por, según informó Izquierda Diario, “malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En 2016, González asumió como interventora del SOMU, y fue sospechada de haber ofrecido cargos a cambio de un diezmo. El propio García del PRO fue quien hizo la denuncia.

“He tomado conocimiento de que una diputada nacional e interventora del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), de nombre Gladys Ester González, ha propuesto la posibilidad de designar personas en cargos provinciales, los cuales deben imperativamente donar el diez por ciento de su salario a una fundación desconocida”, indicó en su momento.

Su llegada al SOMU también fue cuestionada porque, durante unos meses, habría cobrado dos sueldos: el que tenía por el Congreso, como diputada, y el del sindicto por 59 mil pesos. En la misma denuncia se aseguró que destinó 90 mil pesos mensuales de la organización a sus asesores de comunicación.

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