La Asociación de Magistrados denunció presiones del Gobierno: «Quieren amedrentar a los jueces»

Juez-Luis-María-CabralLuis María Cabral, presidente de la asociación funcionarios de la Justicia, dijo que las declaraciones de Julián Álvarez y Jorge Capitanich, entre otros, demuestran que el Ejecutivo quiere tener «injerencia» en las causas.

«Lo que se pretende de parte de ciertos funcionarios no es sólo un resultado en estas causas, sino que también amedrentar al conjunto de los jueces para que en determinadas condiciones actúen con temeridad«, declaró Luis María Cabral en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

Cabral es integrante del Consejo de la Magistratura y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. En los últimos días, las diferencias entre el Gobierno con los integrantes del Poder Judicial se agravaron. El blanco de los ataques del Ejecutivos es Claudio Bonadio, el juez federal que allanó la empresa de la presidente Cristina Kirchner tras una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.

Cabral identificó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al secretario de Justicia, Julián Álvarez, como los funcionarios que iniciaron una campaña «injuriosa» para frenar el avance de la causa que investiga el patrimonio de la Jefa de Estado.

«Yo no hablo de la causa, porque puede haber un resultado en la investigación o no. Pero los jueces están a cargo y los fiscales instan la acción penal. Si el juez interviene es porque hay un fiscal que promueve la investigación. Si el juez no hiciera caso a lo que le pide el fiscal, nos encontraríamos con un pedido de juicio político», graficó Cabral.

La diputada Stolbizer denunció irregularidades en una declaración jurada de Cristina Kirchner. A partir de allí se inició un expediente que investiga a Hotesur, empresa de la jefa de Estado que controla Altos Calafate, uno de los hoteles de la familia presidencial.

En el marco de la investigación, Bonadio ordenó una serie de allanamientos. La empresa Hotesur difundió un comunicado de prensa en donde admitió algunas irregularidades pero aclaró que cumplió con todas las obligaciones fiscales.

El secretario de Justicia adelantó que la empresa de la Presidente va a recibir una multa de $3.000 aunque embistió duramente contra el magistrado federal que encabeza la pesquisa. Dijo que en los próximos días le dará impulso a los trámites por mal desempeño que ya están abiertos en el Consejo de la Magistratura contra Bonadio.

Otros funcionarios salieron en cadena con fuertes críticas al funcionario judicial. El más duro fue el piquetero Luis D’Elía, quien llegó a pedir «simbólicamente» la «cabeza» de Bonadio en «una pica».

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