Por estos días, saltó a la fama la Jueza Julia Elena Márquez, titular del Juzgado de Ejecución Penal I del Departamento Judicial de Quilmes, cuando curiosamente brindó a los medios una estadística sobre presos que recuperaron la libertad, afirmando que en solo 24 hs. 176 detenidos por delitos sexuales habían recuperado la libertad.
Para el común de la gente este tipo de afirmaciones sin dudas generan un temor e indignación comprensibles, porque cuesta entender que personas condenadas en un juicio oral, recuperen la libertad con solo invocar el temor a padecer una enfermedad.
Por eso es muy importante desarrollar la conducta de esta magistrado que vaya uno a saber cómo y por qué los medios buscaron sus declaraciones y también por qué la Jueza acepta, se llamó a silencio cuando presento síntomas de COVID-19 al regresar de un viaje al exterior, pero más preocupante es que alguien que es Juez en ejercicio falte a la verdad y cause alarma social, bordeando sus dichos la legalidad y demostrando una falta de ética en el ejercicio de la magistratura.
Más aún, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense debería estudiar su conducta por las cuestiones que paso a desarrollar y que curiosamente ni abogados, ni periodistas han advertido o por conveniencia han dejado pasar.
Ningún abogado, mucho menos un Juez puede equivocar loso términos de morigeración de la pena, con una LIBERTAD, después podemos discutir si se cumplen los arrestos domiciliarios, si la mayoría son reincidentes, pero lo concreto es que un Juez está faltando a la verdad en su relato y generando en la sociedad una alarma en medio de una Pandemia, es como querer apagar el fuego con nafta.
He tenido la prudencia de esperar unos días para ver si la Jueza, enterada de la difusión de sus dichos aclaraba algo al respecto de lo que se publicó, pero por el contrario, la señora solo ha mejorado su aspecto estético para ser noticia.
Tenemos un nivel de periodistas tan bajo en formación cultural, que las programas de noticias son una Reality Show, donde importa más el circo que la información, así ninguno le pregunto a la Jueza por lo relevante, que es que un Juez debe ser el primero en respetar y hacer cumplir las Leyes, poco importa mientras ejerce el cargo su ideología, caso contrario lo correcto es renunciar al ejercicio de la magistratura y ejercer su profesión de abogado de manera particular.
Dicen desde hace mucho que los jueces hablan por sus fallos, y la Jueza Márquez no ha ilustrado a los medios con sus fallos por lo menos para que la sociedad sepa de qué forma ejerce su cargo, porque si bien es cierto que existe una alta tasa de reincidencia entre los que cumplen sus condenas, no menos cierto es que muchos magistrados incumplen su obligación de velar por las condiciones de los presos a su cargo y evaluar si además reciben tratamiento para una reinserción social, al respecto hay magistrados que hace ya unos años tienen muy buen resultado participando en la recuperación de internos, que no reinciden y que al egresar incluso tienen un oficio.
De un Juez la sociedad espera coherencia y congruencia, cuando le tocó ser sospechosa de COVID-19, además de molesta, en redes sociales posteaba lo siguiente «Tras muchos días de incertidumbre puedo confirmar que los resultados de Coronavirus dieron negativo. Espero que así termine una enorme pesadilla para mí y todos mis allegados.» en su cuenta de Twitter.
Si uno lee detenidamente, no es complicado interpretar que la sospecha de ser víctima de la enfermedad han sido una PESADILLA, es decir, que si alguien con los medios económicos, la relevancia de tratarse de una Jueza vivió la situación como una pesadilla incluso para sus allegados, se agrava en el caso de internos que viven a la buena voluntad del destino, sin controles, sin cuidados, sin higiene y que no todos los presos son violadores y asesinos, parece ignorar la Jueza y es muy grave que así sea, que existe un porcentaje superior al 60% de presos inocentes en los penales, producto de una sistema judicial imperfecto, corrupto y deficiente, al que se le suma la burocracia y el mal desempeño de algunos funcionarios judiciales.
Pero si algo faltaba para que me termine de hacer ruido el desempeño de esta Jueza y la falta de control de la Corte y los políticos al respecto es su mini Curriculum, cuando se hace mención que es jueza hace 15 años y miembro de La Asociación Usina de Justicia, y que cuestiona las decisiones de otros magistrados al momento de otorgar libertades o salidas sin conocer a los condenados.
Volvemos a que la jueza se aparta de su obligación de administrar justicia y va por la polémica al opinar sobre otros magistrados a los que acusa de no conocer al condena, emitiendo ella una opinión sobre casos de los que desconoce ella misma los expedientes, algo raro y desprolijo.
Respecto a la Usina de Justicia nace en 2014, de la mano de víctimas de la inseguridad, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y miembros de la ciudadanía de la República Argentina. Hay que entender que se trata de una asociación civil, que tiene como principal objetivo, formar parte del mundo político, ninguno de sus miembros es apolítico y más allá de las buenas intenciones que aseguran los movilizan, lo cierto es que desde el 2014 a la fecha no los he visto marchar, reclamar o asesorar a los miles de familiares de víctimas que hay en la Argentina.
Los objetivos que enuncia la asociación, son incompatibles con la tarea que la sociedad espera de un Juez de Ejecución, un dato no menor, en cuanto si la Jueza es parte de la Asociación ha dejado de lado la imparcialidad y objetividad necesarias para sus fallos, este reconocimiento personal es muy grave y no se entiende que hechos públicos no se adoptaran medidas desde la Oficina de Control de la Corte y no se pronunciaran organismos de DDHH o el propio CELS al respecto.
Un dato no menor, es que varios de los miembros de la asociación tienen activa militancia en las filas del ex PRO, con lo cual, no debería ignorar por afinidad ni por ser miembro de la justicia, que en la provincia de Buenos Aires, el autor del pedido a Defensores Oficiales y Fiscales de buscar alternativas a la prisión en penales fue el Procurador General de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, quien luego terminó víctima de su propia resolución y acusando a sus subordinados de no hacer bien las cosas en algunos casos y de sospechas de corrupción en otros.
Como sea, las apariciones en los medios de la Jueza Márquez tienen poco de meritorias y mucho para investigar su conducta y su desempeño, pero es más colorido el circo.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
