Jueza beneficio a dos acusados de lavado de dinero y la Fiscalía y la UIF apelaron

Mameluco-VillalbaSin actividades económicas declaradas, son dueños de varias propiedades y vehículos. La Justicia dictó falta de mérito en la sospecha de blanquear dinero del narcotráfico, pero la resolución que fue apelada.

La causa se inició a partir de las investigaciones realizadas alrededor de las actividades comerciales de Miguel Ángel Villalba –alias Mameluco–, condenado en 2004 por liderar una banda que traficaba estupefacientes, utilizando como pantalla una remisería y un lavadero de autos del barrio de Villa Urquiza y por segunda vez en septiembre de 2014, cuando fue nuevamente condenado por haber continuado manejando la organización criminal desde la cárcel, motivo por el cual le fijaron 23 años de prisión.
El pasado 15 de septiembre, la jueza Alicia Vence, titular a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, decretó la falta de mérito de Gustavo Alberto Iglesias y Julio César Miguel, imputados por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Esa resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa. Ambos señalaron que la sentencia no consideró la prueba reunida en la causa en contra de los argumentos de la defensa, la cual no ha podido aún justificar el origen de los fondos operados por los sospechados.
Julio Cesar Miguel, quien alegó ser amigo de Villalba, no posee actividad en relación de dependencia ni ningún otro ingreso declarado, y solo se adhirió al régimen del monotributo entre los años 2008 y 2009. Sin embargo, figura como titular de autos de alta gama y adquirió ocho autos 0 Km en dos meses, los cuales fueron vendidos apenas un año después.
Además posee dos bienes inmuebles, uno en un barrio cerrado en Escobar y otro en el barrio de Villa Urquiza, zona donde también explotaba locales gastronómicos a través de dos sociedades que integraba. También se constató que compró 30 mil dólares sin justificar el origen de los fondos y evidenció numerosos depósitos de cheques que en muchas ocasiones fueron retirados inmediatamente en efectivo.
En su descargo, intentó justificar sus inconsistencias patrimoniales con un mutuo acuerdo realizado por una prima, y mediante supuestos ahorros personales producto de un local bailable y del cobro del seguro de dos vehículos que le habrían sido robados.
El dato más curioso fue el poder de administración de bienes que Miguel Ángel Villalba y su hermano Luis Alberto le otorgaron desde la cárcel. Según el imputado, este poder le permitía visitarlos fuera de los días y horarios establecidos para las visitas, evitando requisas personales y en salas reservadas para abogados. Sin embargo, según argumentó la UIF, no resulta lógico que tal trato se le diera a una persona por la sola posesión de un poder de administración de bienes.
Gustavo Alberto Iglesias, por su parte, registró un incremento patrimonial significativo, sin poseer actividades económicas declaradas, ni ingresos por ningún concepto. Entre 2008 y 2011 adquirió dos automotores, una moto, y utilizaba 4 o 5 camionetas que no figuraban su nombre. Además residía en un barrio privado y entre los años 2002 y 2006 administró una cuenta en el Banco Francés.
En su declaración alegó que en el año 1994 cobró 140 mil pesos y que con ese dinero se dedicó a la compra venta de rodados, sin embargo no existe registro de ellos. Todo ese dinero se habría manejado por fuera de los canales formales y sin dejar rastros de ningún tipo.
Los camaristas, Marcelo Darío Fernández, Hugo Rodolfo Fossati y Lidia Beatriz Soto, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, deberán resolver si revocan la resolución de la jueza Vence o confirman la falta de mérito de los imputados

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