Los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) decidieron profundizar las medidas de fuerza, con la realización de asambleas este lunes y martes y el cumplimiento de un paro el próximo miércoles.
La medida fue adoptada a raíz de la decisión del gobierno provincial de cerrar unilateralmente la negociación salarial y otorgar por decreto un incremento del 22 por ciento para las categorías más bajas y un 21 por ciento para las restantes.
Las medidas dispuestas por el gremio afectaba la labor de los tribunales en las 18 departamentales judiciales de la provincia.
Esta situación generó el reclamo del Colegio de Abogados bonaerense, que exigió al gobierno «garantías constitucionales para el acceso a la Justicia».
El gobierno decretó un aumento del 22 por ciento para las categorías 14 y la última del escalafón y un punto menos para el resto de los cargos, además de la recategorización para los trabajadores incluidos entre las categorías 14 al 18 y una suba de 5 por ciento en los gastos funcionales para jueces y secretarios.
Todas estas medidas se impondrán en forma retroactiva a 1 de marzo, pero fueron rechazadas por la AJB por considerarlas insuficientes.
Además, el gremio insistió en su demanda de un aumento del 35 por ciento.
Hugo Blasco, secretario general de la entidad sindical, sostuvo que, «si el gobierno creyó que con el decreto se terminaba el conflicto, se equivocó, por el contrario esta decisión ha generado un clima de fuerte efervescencia».
A raíz de las reiteradas medidas de fuerza que vienen llevando adelante los trabajadores de la justicia, el Colegio de Abogados de la Provincia planteó ante la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, su preocupación «por los impedimentos para el libre ejercicio de la actividad judicial que experimentan letrados y justiciables», manifestó.
El Colegio solicitó ante el máximo tribunal bonaerense la suspensión de términos procesales durante los días afectados por las protestas y señalaron que los funcionarios y magistrados «son los responsables de garantizar el normal funcionamiento de la justicia y el libre acceso a los edificios y oficinas correspondientes, independientemente del derecho de huelga que pretenda esgrimirse».
Finalmente, los abogados exhortaron a las partes en conflicto «a que hagan el máximo esfuerzo para la normalización del servicio de justicia, cuyas actuales circunstancias perjudican a la ciudadanía en general y a los abogados en su trabajo».
Les dan 22% y hacen paro. Eso es un gremio!!
A los judiciales nacionales y federales nos dan un 10% y nadie hace nada… Ah, sí, Piumato sí: pide a Suiza que no investigue a Moyano… De nuestros salarios, de nuestras condiciones laborales, de eso ni habla…