Las 19 asociaciones que integran el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, buscan que las remuneraciones que perciben sean similares a las de sus pares de la Justicia federal.
Representantes de los jueces y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires reclamaron a la gobernadora María Eugenia Vidal la equiparación de las remuneraciones que perciben con las de sus pares de la justicia federal.
Las 19 asociaciones que integran el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense iniciaron un juicio de amparo contra el gobierno provincial solicitando que se adecuen los haberes que reciben los jueces y funcionarios respecto de sus pares de la justicia federal.
En su presentación, los demandantes solicitaron que las diferencias entre el salario percibido y el que hubiese correspondido, se abonen con carácter retroactivo a cinco años con más los intereses y actualizaciones que correspondan.
Según estimaciones, la equiparación reclamada implicaría un aumento de los haberes del Poder Judicial bonaerense de aproximadamente el 100% respecto del salario actual.
En la actualidad un juez de primera instancia de la provincia percibe $108.452 de remuneración neta (conforme decreto en trámite vigencia de Dic/2017), mientras que su equivalente del Poder Judicial de la Nación gana (según Acordada 3/18) $170.240.
En tanto que un juez de Cámara de Apelación provincial cobra $137.257, contra los $231.316 que percibe un camarista federal. Se trata de diferencias de entre 57 y 68 por ciento.
Los magistrados fundaron su reclamo en la garantía de “intangibilidad del salario” de los jueces prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional, entendiendo que ésta abarca a todos los jueces del país.
También se basaron en precedentes de la Corte Suprema expresados en diversos fallos como “Chiara Díaz” y otros.
En su demanda, los magistrados y funcionarios judiciales bonaerenses patrocinados por el abogado Osvaldo Gozaíni, sostuvieron que existe un “notable retraso y una diferencia perjudicial” en sus haberes respecto de sus pares en otras jurisdicciones.
A su vez, el gobierno provincial sostuvo que es la ley 10374 la que regula el marco salarial de los agentes que prestan servicio en el Poder Judicial, reivindicando para sí la potestad de fijar los niveles salariales correspondientes.
“En las presentes actuaciones no ha quedado debidamente probado el ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados”, sostuvo el ejecutivo bonaerense al fijar su postura.
Como resultado de las actuaciones, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Jorge Walter López, ordenó como medida cautelar la formación de una mesa de negociación que ya estaba pactada entre las partes en un documento firmado en mayo de 2016 y a la que el ejecutivo provincial se había negado a asistir.
“El gobierno se rehusó a convocar (la mesa de negociación) por entender que no era un acuerdo sino una invitación que debía esperar a que la gobernadora (María Eugenia Vidal) decidiera cuándo se podría concretar”, explicó Gozaíni a este diario.
En la actualidad dentro del proceso iniciado por los magistrados y ante la excusación tanto del juez López como de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, se ordenó el sorteo de conjueces para cubrir esos cargos.
