Jorge Castillo pidió el jury de enjuiciamiento para el fiscal Sebastián Scalera

Jorge Castillo, el bautizado «Rey de La Salada», detenido acusado de liderar organizaciones que explotaban ilegalmente a los puesteros de esa feria del partido bonaerense de Lomas de Zamora, denunció por «irregularidades» en la causa al Fiscal Sebastián Scalera, quien lo mantiene detenido en el penal de Ezeiza. Además, sostuvo que el agente lo detuvo “obedeciendo a presiones políticas”.

El defensor de Castillo, César Albarracín, informó que la presentación fue realizada ante la secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, dependiente del Senado de la provincia de Buenos Aires.

«Consideramos que el fiscal ha cometido faltas en el ejercicio de su función, fundamentalmente en la Investigación Penal Prepatoria (IPP) en la que ha resultado imputado mi defendido», expresó Albarracín, al asegurar que las acusaciones contra Castillo «son falsas, arbitrarias e ilegítimas».

El letrado explicó que en la causa que instruye Scalera «existen mas de mil horas de escuchas telefónicas que fueron obtenidas durante más de dos años de interceptación de comunicaciones» y que se incautó un equipo DVR con imágenes de la cámara de seguridad de la casa de Castillo, que nunca fueron entregadas a la defensa.

«Por esta acción se denunció en febrero de 2018 la violación al derecho de defensa en juicio ante al Juzgado de Garantías, solicitando se ponga fin a ese proceder ilegítimo del ministerio Público Fiscal», afirmó Albarracín al fundamentar su denuncia.

El abogado dijo que el Juzgado de Garantías rechazó el pedido, aunque la Cámara de Garantías hizo lugar a la apelación de la defensa, no obstante lo cual la medida «fue resistida en forma arbitraria por el fiscal Scalera», por lo que decidió pedir un jury de enjuiciamiento.

«El Rey de la Salada» está detenido en el Penal Federal de Ezeiza, procesado con prisión preventiva por una evasión impositiva cercana a los 350 millones de pesos.

En tanto, el Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, lo acusó de presunto lavado de dinero y evasión impositiva y dispuso un embargo de 150 millones de pesos sobre sus bienes.

«Castillo tributó cifras millonarias al fisco nacional y provincial y todo el movimiento comercial se encuentra debidamente registrado», aseguró el defensor.

El letrado adelantó que también va a requerir el procesamiento por falso testimonio y la detención del efectivo policial Carlos Javier Gómez, quien dijo haber sido víctima de un supuesto intento de homicidio durante el allanamiento a la casa de Castillo, al considerar que las pruebas demuestran que «mintió para perjudicarlo.

Para Albarracín, los procesos que se le sigue a Castillo tienen una motivación «exclusivamente política».

Castillo fue detenido en julio de 2017, tras un allanamiento en el barrio privado de Luján donde vivía y, según la investigación, se resistió a los tiros porque creía que lo iban a secuestrar.

En esa oportunidad también arrestaron a su hermano, a su cuñada, a dos de sus sobrinos y a cuatro policías provinciales.

Al día siguiente de su detención, la Justicia realizó un procedimiento en el predio Punta Mogotes, donde se secuestraron once millones de pesos y una gran cantidad de dólares distribuidos en cajas fuertes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *