Instituto Cultural: condenan a exfuncionarios por fraude con los sueldos

  Juan-Carlos-D´AmicoIncluían en un listado a personas que no trabajan en la institución pero cobraban los salarios en el Banco Provincia, a través de una red de complicidad. El Juzgado Correccional Nº2 los sentenció a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El titular del Juzgado Correccional Nº2 de La Plata, Eduardo Eskenazi, condenó a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a tres exfuncionarios que se desempeñaban en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tras comprobarse que se apoderaban de dinero destinado al pago de sueldos del personal.

Durante la audiencia quedó comprobado que el encargado de la oficina Controlador de Sala y Escenario -Walter Hugo Barragán- en connivencia con el asesor del presidente del Instituto -Guillermo Daniel Zo-, al momento de confeccionar las planillas para la liquidación de haberes del personal de Sala y Escenario incluían indebidamente a personas que no habían prestado esa actividad.

Según fue acreditado por el Juzgado Correccional Nº2, tanto Barragán como Zo actuaban en complicidad con un tercer imputado, Jorge Luis Ledesma -coordinador administrativo de Tesorería-, quienes cobraban dinero destinado al pago de los sueldos del personal del Instituto, sumas que mensualmente eran depositadas en cuentas fiscales del Banco Provincia de Buenos Aires, casa matriz. La modalidad consistía en que, una vez confeccionadas las planillas, eran remitidas a la Oficina de Liquidación de Haberes, para realizar la correspondiente liquidación en el sistema informático del Instituto Cultural, y luego eran nuevamente remitidas a la oficina Sala y Escenario para un nuevo control de los imputados. De esta manera, los tres acusados daban el visto bueno para la impresión de los cheques en favor de cada beneficiario, los cuales debían ser abonados en el banco de la Provincia.

Una vez impresos los cheques, éstos eran remitidos junto a los listados de control de recibos-cheque a la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Allí, Barragán confeccionaba una nota dirigida a las autoridades del Banco Provincia por la que autorizaba -con su firma y sello- a otro de los imputados a cobrar el lote de sueldos correspondientes a las personas indebidamente incluidas en el listado, a quienes se les había liquidado el sueldo como consecuencia de la información falsa remitida al área de liquidaciones por el propio encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario.

Barragán trabajó en el Instituto durante varios años, y en 2008 asumió como encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Durante el juicio, confesó que él era quien retiraba el lote de cheques por Tesorería, cobraba el dinero bajo la modalidad descripta, lo guardaba en un portafolios que llevaba a la Dirección General de Administración (DGA), que estaba a cargo de Hernán Gullo, y se lo entregaba a Zo. Por esa tarea, el acusado recibía una compensación de $170.000 por mes, convertida en “horas extras”, “viáticos” y sueldo que percibía a pesar de que no concurría a trabajar, a excepción de su tarea habitual.

De la misma manera, Zo comenzó a trabajar en el Instituto en diciembre de 2007, a través de un amigo que lo llevó como asesor de Presidencia. Reconoció que recibía una compensación salarial semejante a un sueldo en blanco. Se utilizaba la modalidad Sala y Escenario como una “partida salvadora” para sobresueldos y también para gestión. “El presidente del Instituto, Patricio D’Amico, estaba al tanto de esta situación y también cobraba compensación”, señaló el acusado en su declaración, y añadió que a éste último se le entregaba aproximadamente el 60% del dinero obtenido en la maniobra.

Por su parte, Ledesma prestaba funciones en 2008 en el Instituto y, al igual que la tesorera y la subdirectora contable, eran las personas que tenían su firma registrada en el Banco Provincia. Por esta razón, Barragán le había pedido “en confianza” que le firmara los listados para cobrar en nombre de las personas que figuraban en los mismos.

Para el magistrado, quedó acreditado que los tres imputados cometieron “fraude en perjuicio de la administración pública”. Por ello condenó a Barragán y a Zo a la pena de “tres años de prisión de ejecución condicional”, y a dos años a Ledesma, sumado a la “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos” para los tres imputados.

Vínculos con la conducción de UPCN

Según pudo saber Hoy, los exfuncionarios condenados formaron parte de la gestión que encabezó Juan Carlos D´Amico cuando estuvo al frente del Instituto Cultural, cargo que ejerció entre 2007 y 2012, cuando fue reemplazado por Jorge Telerman. Durante ese período el Director General de Administración (DGA) era Hernán Gullo quien, junto con Zo, a quien dentro del Instituto lo conocen con el seudónimo de “El Chino”, mantenía una estrecha relación con el actual secretario gremial de UPCN, Diego Rétola, quien fue designado como Director de Museos. Eso lo permitió estar de los dos lados del mostrador: ser sindicalista y funcionario a la vez.

Esta doble función le permitió a Rétola que nombren a su mujer Sonia Rodríguez como jefa de Departamento en el área compras del Instituto, como así también a otros familiares. “Era tan estrecho el vinculo con Zo y Gullo, que Rétola los agasajaba con asados en el camping del sindicato”, dijeron fuentes consultadas por Hoy.

El actual secretario gremial de UPCN es uno de los principales colaboradores del secretario general de ese sindicato, Teodoro Carlos Quintana.

El testimonio de Leonor Benedetto

En la causa figura la declaración testimonial de la actriz Leonor Benedetto cuya productora –Buen Destino SRL- tenía un contrato con el Instituto Cultural para la puesta en escena de un espectáculo en el interior de la provincia. La actriz tuvo que declarar porque el nombre de una licenciada en comunicación social que trabajaba para ella –Laura Soledad García- apareció en los cheques investigados.

García dijo a la Justicia que “no reconoce ninguna de las firmas, ni las aclaraciones”. También consignó que “nunca vio estos talones, ni recibió en pago los importantes allí consignados”. Eso no fue todo García remarcó que “nunca cobró nada del Instituto Cultural y jamás autorizó a ninguna persona a cobrar en representación de ella”.

En ese sentido, Benedetto reconoció que, producto del contrato que tenía con el Instituto, en una oportunidad había entregado en el organismo un listado con todos los nombres de los que participaban en su espectáculo. La Justicia acreditó que esos datos habrían sido utilizados por los tres exfuncionarios condenados para la recaudación ilegal.

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