Inquilinos en problemas por las subas en contratos

  La suba por renovación de contrato alcanza un 40% y hay casos donde existe un reajuste semestral que supera el 15%. Para muchos de los siete millones de personas que arriendan su vivienda representa la mitad del salario.

Alquilar una vivienda no siempre es una elección. Por el contrario, la mayor parte de las veces es una necesidad imperiosa para los argentinos. Se calcula que hay cerca de 7 millones de inquilinos en todo el país, casi el 17% de la población, cuya situación empeora mes a mes.

Con la caída del salario real, la inflación y los tarifazos en los servicios públicos, el impacto del alquiler en el bolsillo de los inquilinos es cada vez mayor. Y el futuro no es para nada alentador. Mientras en el Congreso se discute una ley para regular los alquileres, los incrementos en los contratos superan el 30% anual.

Entonces, si siete millones de personas viven permanentemente en la incertidumbre y se encuentran desprotegidos frente a actores más poderosos que le imponen condiciones, el tema amerita una discusión profunda y una solución urgente.

En un contexto económico desfavorable como el que atraviesa actualmente nuestro país, la falta de regulación en el alquiler de viviendas posee un impacto creciente en los inquilinos. Para ingresar a una propiedad, los inquilinos deben hacerse cargo de las comisiones inmobiliarias, los pedidos de informes y la certificación de firmas ante escribano, además del depósito.

Una vez adentro, si es que reúnen los requisitos, tendrán que afrontar el costo de la locación, las expensas, la renta y los servicios. El pago del alquiler y sus gastos derivados inhiben cualquier posibilidad de ahorro de los trabajadores.

«A medida que pasa el tiempo, a un trabajador se le va hacer más difícil pagar un alquiler», afirma Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

Y como ejemplo trae un dato objetivo: «Para 2017 los alquileres subirán un 32% anual; la inflación que votó el Gobierno en el presupuesto es del 17%, mientras que las consultoras privadas estiman un 25%. Además, el Gobierno planteó un aumento del 18%. Todas las variables indican que los alquileres van a estar muy por encima de la inflación, pero sobre todo del salario», precisa.

Actualmente, los contratos incluyen un ajuste automático que difícilmente baja del 30% de un año a otro. A eso hay que sumar que en las renovaciones el inquilino, además, debe abonar la comisión a la inmobiliaria, pese a que es el dueño el que contrata sus servicios.

«Para el Gobierno hay un solo actor que son los propietarios, para los que quiere mantener la rentabilidad. Pero en realidad son dos actores», señala Muñoz, y remarca: «Necesitamos un marco legal. El inquilino está totalmente desprotegido y no puede ejercer sus derechos. Te cobran lo que quieren. Hay todo un sistema que es muy injusto».

Caso testigo

Macarena tiene 27 años, estudia Derecho en la UBA y actualmente vive con su novio en San Cristóbal, en un departamento alquilado por dueño directo. Dice que la relación con el propietario es «excelente».

Pero antes debió atravesar una experiencia por demás desagradable. «En 2015 alquilamos un departamento de dos ambientes en Villa Ortúzar, en Plaza y Triunvirato, que estaba en muy malas condiciones, con problemas en la instalación eléctrica, en las cañerías y los desagües».

«En el último año tuvimos cuatro inundaciones, en mi departamento y en el del vecino, porque se tapaban las cañerías. Literalmente, se llenaba de mierda, con perdón de la palabra», cuenta. Perdieron libros, apuntes, ropa, artefactos eléctricos.

¿Y la dueña?, se preguntarán. «Nunca tuvimos respuesta. Nos echaba la culpa a nosotros diciendo que hacíamos mal uso. Pero se probó que las cañerías eran viejas y no tenían mantenimiento», afirma Macarena. «Jamás puso un peso. Y cuando rescindimos el contrato nos quiso cobrar la multa. Tuvimos discusiones muy fuertes. Al final no pagamos rescisión, pero se quedó con el depósito».

Alrededor de 400 trámites mensuales

“La incidencia del alquiler en el bolsillo porteño impacta en el 50% de los ingresos de los inquilinos”, afirma el titular de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Muñoz.

“Hoy un inquilino prácticamente tiene que poner entre 9 y 10 mil pesos para alquiler y gastos complementarios, mientras que el ingreso promedio de los porteños va de 15 a 18 mil pesos”, detalló. En la Defensoría registran alrededor de 400 trámites mensuales -entre denuncias, consultas, desalojos, rescisiones anticipadas-. “Durante el primer semestre del año pasado las consultas y reclamos eran por el tema de las comisiones abusivas”, explicó Fernando Muñoz.

Un fallo de la Justicia porteña obligó a las inmobiliarias a cobrar un tope de 4,15%, que estaba previsto por la ley 2.340, pero que no se cumplía. “Desde mediados de 2016 tenemos más reclamos por el tema de los precios exorbitantes. Se están firmando renovaciones con un valor del 40% respecto al último mes del contrato anterior, y un ajuste semestral del 15%. Es decir, casi el 100% de aumento”, apuntó.

“Los inquilinos llaman a la Defensoría y nos preguntan si son legales esos precios de alquileres. Pero lo cierto es que hoy no existe ninguna regulación. Están totalmente desprotegidos”, sostiene el ex legislador porteño por el FPV.

“Hay una voracidad del mercado inmobiliario sobre el inquilino para que pague todos los gastos. Esa es la realidad más tremenda”, completó.

“Es fundamental que el proyecto contemple salario e inflación”

En noviembre del año pasado, el Senado le dio media sanción por unanimidad a la Ley de Alquileres. Entre otros puntos favorables hacia los inquilinos, la iniciativa contemplaba una actualización de precios anual a través de un índice promedio entre inflación y salario y la extensión de los contratos a tres años.

Actualmente el proyecto está en Diputados, donde el interbloque Cambiemos busca reformar la ley de alquileres votada por la cámara alta. Aunque desde el oficialismo insisten en que el objetivo es proteger a los inquilinos, lo cierto es que el Gobierno quiere que la actualización del valor de los alquileres se realice tomando en cuenta únicamente el índice de inflación, a través de las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

“Es fundamental que el proyecto contemple salario e inflación. El gobierno ha decidido gobernar para la renta propietaria. La única forma de frenar eso para los inquilinos es organizarnos y apoyar la ley de inquilinos tal como fue aprobada”, manifestó al respecto Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

Desde la organización consideran que la decisión de actualizar los precios a través de la UVA “es una bomba de tiempo”, dado que si los salarios continúan debajo de la inflación, “en uno o dos años los inquilinos no vamos a poder pagar los alquileres y los propietarios no van a poder cobrarlos”.

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