Hugo Dino Barrueco y Roberto Damián Sicari, presidente del HCD de Avellaneda y secretario del cuerpo legislativo municipal respectivamente, han demostrado con el paso de los años, que deberían hacer un curso intensivo sobre los alcances de lo que implica la palabra DEMOCRACIA.
Ya en el año 2014, presenté una denuncia penal contra Roberto Sicari y solicite se investigue las responsabilidades que podría tener Hugo Barrueco como presidente del HCD al ordenar medidas contrarias a la Ley, como ser, limitar el acceso a las cesiones del HCD que son públicas y el negar el acceso a la oficina de digesto a los vecinos sin antes tener que confeccionar una nota dirigida a Sicari para que este autorice o no el tener copias y vistas de las Ordenanzas que el cuerpo promulga, algo contrario a la Ley y al concepto de acceso a la información que tiene todo ciudadano.
Tan grosera es la medida de uno (Sicari) avalada por el otro (Barrueco) que la Ley presupone que es conocida por todos debido a que uno de los requisitos de las Leyes, Ordenanzas y Resoluciones para su validez requieren la publicidad en el Boletín Oficial, sea de la Nación, de la provincia de Buenos Aires o del municipio que la promulga para que sea conocida por todos los alcanzados.
Hace años, Avellaneda, incumple con este requisito legal, es decir, desde el municipio y el HCD incumplen la Ley no por falta de recursos, sino por falta de voluntad política, bien podría el intendente Jorge Ferraresi con su dos obras por día, inaugurar para todos el Boletín Oficial Municipal y ajustarse a derecho, son muchos los municipios que para ahorrar en papel y no poner trabas a los vecinos poseen en sus sitios municipales un link al digesto, donde no solo se encuentran los Ordenanzas sino también Leyes nacionales y provinciales, como una herramienta útil para todos los que necesiten información.
Desde diciembre del 2012, la Ley 14.491, obliga a los municipios, a confeccionar el Boletín Oficial Municipal, donde deberán publicarse, es decir promulgarse o vetar, las disposiciones u Ordenanzas de Concejo Deliberante, dentro de los diez días hábiles. Su publicación debería ser como mínimo una vez al mes y de publicación en la Web del municipio sin restricciones, el fundamente jurídico es, que es requisito necesario para imponer como conocidas y con las formalidades legales, los Decretos, Resoluciones, Ordenanzas. En este tiempo el municipio sigue incumpliendo con la Ley, con lo cual, cualquier vecino, podría plantear la ilegalidad de por ejemplo el aumento de la tasa municipal por no encontrarse publicada en el Boletín Oficial Municipal.
En su momento, personalmente Hugo Barrueco se disculpó por algunos incidentes con Sicari, en ordenar a la policía el control de los periodistas reclamando que algunos firmen una planilla, mientras otros que ni periodistas son ingresaban a la sala de prensa del HCD, cuando no tienen facultades para dichas medidas o el restringir el acceso al digesto, pero pasado el tiempo, uno se encuentra con que las anomalías de Sicari continúan y que el presidente del HCD no puede aducir desconocer la situación.
Es curioso que el resto de los concejales avalen medidas que atentan contra la Ley, contra la democracia y que limitan a los vecinos el pleno ejercicio de sus derechos cívicos.
Como se puede apreciar en Avellaneda el problema no es la POLÍTICA, sino los POLÍTICOS que tenemos, avalados con una justicia que carece de independencia para poner las cosas en su lugar.
Ahora los vecinos ya saben que no todos somos iguales ante la Ley.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
