«Hay impunidad y un gran déficit en la lucha contra la corrupción», reconoció Gils Carbó

Alejandra-Gils-Carbó--declaracionesLa Procuradora General de la Nación admitió que la Justicia argentina es «funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción». Negó que sea candidata a suceder a Zaffaroni.

Alejandra Gils Carbó reconoció que en el actual sistema judicial argentino hay «impunidad» y «un gran déficit en la lucha contra la corrupción». Pero no se refería al caso Ciccone. Tampoco al caso Lázaro Báez ni a las diversas causas que enfrentan sus fiscales afines. En su opinión, el «gran problema» de la Justicia nacional no son las presiones del Poder Ejecutivo, sino la «necesidad de independencia de los poderes económicos, de los vínculos aceitados que hay detrás de la Justicia».

«Hay impunidad, un gran déficit en la lucha contra la corrupción y la criminalidad económica, que son dos caras de una misma moneda», aseguró la procuradora general de la Nación, en las entrevistas que concedió a los diarios Perfil y Página 12. Luego, incluso reconoció: «El sistema judicial que tenemos es funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción«.

La funcionaria, señalada como representante de los intereses del kirchnerismo en la Justicia, aseguró que esas acusaciones no son verdaderas: «A mí nunca me vinieron a patear la puerta funcionarios del Ejecutivo. Sí vinieron de grandes estudios y de grandes compañías. El sistema judicial que tenemos es funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción. El que quiere impunidad quiere ese modelo».»Yo no puedo ser cooptada. Y mi gente tampoco. Acá hay muchos abrepuertas y vínculos aceitados. En la dictadura o en los 90 nadie hablaba de independencia judicial. Esto empieza cuando el Gobierno comienza a intervenir en la economía», insistió.

Gils Carbó fue consultada por los casos de fiscales cercanos a su gestión que son investigados por la Justicia. Por ejemplo, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, procesado por no haber imputado al empresario Lázaro Báez en el caso que investiga la llamada «Ruta del Dinero K». «A Gonella se lo acusa y el que firma al lado ni siquiera fue citado como testigo. Esto es algo absolutamente irregular. Esto no tiene que ver con el derecho. Hay una arbitrariedad manifiesta», argumentó la jefa de los fiscales.

La procuradora aseguró que hay una campaña en su contra tanto detrás de esa denuncia como la que se realizó contra su oficina por espiar las investigaciones de los fiscales. «Cuando yo era fiscal me denunciaban a menudo. Buscaban disciplinarme cuando tocaba a grupos de poder. Cuando lo nombré a Gonella, le dije: ‘Vas a ser el fiscal más perseguido, porque hasta ahora se investigó muy poco'».

La Corte Suprema y la despenalización de drogas

Después de meses sin dar entrevistas, Gils Carbó fue consultada sobre una variedad de temas. Entre ellos estuvo la polémica por el sucesor del juez Eugenio Raúl Zaffaroni en el máximo tribunal de Justicia y el debate sobre posibles cambios en la legislación que regula el consumo de estupefacientes.

Como todo el kirchnerismo, la procuradora coincidió en que la vacante que deje el magistrado conocido por sus posiciones «garantistas» debería ser llenada en menos de treinta días: «Apenas se produzca una vacante debería cumplirse con la Constitución y con las disposiciones sobre transparencia e impugnaciones que establece el decreto 222». Incluso también coincidió con algunos dirigentes del oficialismo y el propio Zaffaroni, al señalar que la composición de la Corte debería ser modificado porque la composición actual de cinco jueces «es una de las cifras más exiguas» del mundo.

Respecto a la discusión sobre el consumo de drogas, indicó: «Hay un avance en el debate de la despenalización también. Acá tiene que haber un debate serio y un proyecto bien estudiado. Efectivamente el fin es disminuir la violencia y desalentar a las organizaciones criminales. Cuando uno ataca una organización y no piensa cómo se genera un vacío, ese vacío lo llena la guerra, la incautación de droga eleva indirectamente el precio y las cosas pueden empeorar».

«Tiene que haber un debate amplio, consensuado, planificado. Está el fallo Arriola, de la Corte Suprema, que de alguna manera despenaliza la tenencia para el consumo. Esa línea de trabajo debería permitir que se incrementen los programas de asistencia al adicto. Y la actividad judicial debe orientarse a luchar contra el crimen y no contra personas que son víctimas de un problema de salud del que no pueden liberarse. Muchos venden drogas por adicción y miseria. También el sistema debiera tener una mirada distinta sobre ellos», concluyó.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *