Mientras Julio César Grassi cumple la condena de 15 años de prisión por abuso sexual de menores, el abogado de uno de los jóvenes abusados por el cura pedirá que se le quiten las condiciones de privilegio de su detención en la cárcel de Campana, y, como si fuera poco, algunas horas después de la denuncia por el desvío de donaciones de la Fundación Felices Los Niños al penal, su situación podría complicarse aún más si la justicia no acepta un pedido de «probation» que realizó su abogado en otra causa que se le sigue por haber malversado fondos de la fundación para pagar el alquiler de una casa quinta ubicada enfrente del hogar de Hurlingham. Grassi ya se reconoció culpable del hecho y, a cambio de la pena, ofreció dar «asistencia espiritual» a sus compañeros de cárcel. Esa posibilidad debe ser resuelta por el TOC 1 de Morón al finalizar la feria judicial. El cura, mientras tanto, puede rezar por su futuro.
Por otra parte, pocas horas después del revuelo mediático del lunes, las cámaras cedieron lugar a los equipos de trabajo de la provincia de Buenos Aires en el predio de la fundación en el partido bonaerense de Hurlingham. Representantes de los ministerios de Salud y de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, junto a sus pares de las secretarías de DD HH y de Niñez y Adolescencia, se reunieron en la asociación fundada por el cura, para diseñar el plan de la intervención decidida el lunes por el gobernador Daniel Scioli. «Los chicos están más tranquilos porque ya les garantizaron que no van a perder su hogar, que es el único que tienen para vivir», señaló a Tiempo Argentino el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, quien se hizo cargo de la fundación en septiembre de 2013, tras la detención del sacerdote, condenado a 15 años de prisión por abuso infantil.
Casolati es el mismo que denunció esta semana a Grassi por el desvío de donaciones de la Fundación al penal de Campana. Según las acusaciones, el sacerdote no sólo redireccionaba dinero sino también colchones y otros objetos que distintos donantes entregaban creyendo que estaban contribuyendo con los más de 3000 niños que se vinculan con la organización.
«Lo que más les dolió a todos es que las condiciones de él en la cárcel eran mejores que las de los chicos en la fundación», contó Casolati. Si bien aún no hay mayores precisiones sobre el rumbo que tomará la intervención, el hombre que asumió la coordinación de los hogares rechazó que vaya a quedar como interventor en nombre del gobierno provincial, pero aseguró que seguirá en su lugar durante la transición. Esa denuncia no es la única que debería preocuparle al todavía cura preso. «Haremos una presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Morón (TOC 1) para que cambien a Grassi de prisión y lo alojen en un pabellón de presos comunes», dijo Sergio Piris, abogado de uno de los jóvenes abusados por el cura, luego de observar las condiciones de privilegio en las que el sacerdote cumple su condena.
