Gobierno porteño oculta el container para atender a los adictos al paco

La atención a los adictos al paco volvió al mismo edificio del que, por su mal estado, sólo puede utilizarse el 30 por ciento. El ministro Jorge Lemus apeló el fallo judicial por las obras y no responde las recomendaciones de la Defensoría.

La Justicia condena. El Gobierno porteño apela para ganar tiempo. La Justicia descansa. El Gobierno porteño actúa para ocultar evidencia escandalosa. El jueves 30 de diciembre, el último día hábil del año en el Estado porteño, Moisés Aruj, director general de Recursos Físicos, llegó sin una orden escrita a Camilo Torres 2101. Éste llevó adelante la lapidaria orden del Ministerio de Salud PRO: retirar el container donde durante cinco meses se atendió a los adictos a la pasta base en el Bajo Flores. El operativo macrista para ocultar el container tenía una razón contundente: su imagen trascendió a los medios y los propios trabajadores de la salud empezaron a dar testimonio del padecimiento en el centro de día La Otra Base del Encuentro, que llegó a la debacle con la caída del cielorraso ocurrida en la última tormenta de Santa Rosa. Entonces el centro de día para drogadictos fue mudado a un monoambiente de chapa colocado en la vereda.

El escándalo de un container como sede para asistir a los adictos al paco en el Bajo Flores fue primicia del semanario Noticias Urbanas y lo reprodujeron otros medios. Entonces, el papelón generó que por primera y única vez, el ministro de Salud, Jorge Lemus, arribara con su comitiva a ver el container del centro de día para adictos La Otra Base del Encuentro. En esa visita el funcionario porteño prometió que iban a conseguir un nuevo inmueble. Lo mismo hizo Ralph Kirby, subsecretario a cargo del presupuesto y las obras en la cartera de Salud. Sin embargo, el ministro Lemus tomó la decisión de reparar el 30 por ciento del inmueble derruido y sacar el container del escándalo.

“Pintaron la fachada y trajeron a un electricista. En lugar de arreglar todo el inmueble quieren movernos a otro lugar que ni siquiera consiguieron”, reconoció a Noticias Urbanas una de las profesionales que asiste a los paqueros del Bajo Flores y que resguarda su identidad por temor a represalias gubernamentales.

Un funcionario PRO reconoció que la refacción del centro de atención “es una lavada de cara”. El inmueble tiene 264 metros cuadrados y en uso sólo dos consultorios, la dirección, la recepción y un pequeño lugar para talleres. La Justicia inspeccionó el centro de día y comprobó este último miércoles que no hubo una orden escrita para el retiro del container y la vuelta al derrumbado centro.

El subsecretario Kirby –que en los hechos es quien maneja el ministerio– se justificó ante NU argumentando que por encima de la sede para adictos funcionan viviendas sociales del Instituto de la Vivienda. “De ahí viene el problema. Existen pérdidas en las cañerías y entonces no vale la pena ese edificio”, afirmó el funcionario. Según los profesionales que asisten a los adictos en situación de pasillo –se denomina así porque están en el interior de la villa del Bajo Flores– se tendría que arreglar lo dañado. “No sólo permitiría usar todo el centro y recuperar a los pibes sino también a las familias vivir en condiciones”, reconoció una médica del centro de día que depende del hospital Piñero.

El deterioro del edificio destinado a los paqueros provocó una causa judicial. El PRO no inició las obras de refacciones, entonces el asesor tutelar de Menores, Gustavo Moreno, interpuso un amparo para conminarlo a hacerlo. “Que el Gobierno cese en su omisión en asistir adecuadamente a aquellas personas menores de edad con adicción a las drogas, especialmente con relación al consumo de pasta base de cocaína (paco), que requieren internación voluntaria o coactiva”, denunció Moreno, quien desde 2006, junto al equipo de curas villeros, viene interponiendo amparos en resguardo de los chicos paqueros.

En esa demanda contra el Ministerio de Salud, la jueza Andrea Danas sentenció que, en forma inmediata, se “arbitren las medidas necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad”. El Gobierno porteño apeló el fallo. Sus argumentos para no acatar la medida judicial pasan por considerar muy breve el plazo para presentar el diseño y el plan de obras. Por lo bajo, los funcionarios aseguran que el número de pacientes atendidos es bajo. Sin embargo durante 2010 se trataron 151 chicos y adolescentes.

La orden judicial de Danas a favor de los pibes adictos y los trabajadores de salud data de mediados de octubre, un mes después de la clausura total de La Otra Base del Encuentro y de la apertura del container. Desde entonces que la Cámara de Apelaciones debe resolver. Los camaristas Mabel Daniele y Esteban Centenaro son los que tendrán que confirmar o no la sentencia de primera instancia. Mientras no se expidan, el problema persistirá.

Por otra parte, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, hizo dos recomendaciones al ministro Lemus. La primera en mayo y la segunda en noviembre del año último. El funcionario no le dio trascendencia a ninguna. Ni siquiera mandó a sus asesores o subsecretarios a responderlas.

La resolución Nº 1.093 fue dirigida al titular de la cartera sanitaria el 7 de mayo. “Cabe destacar que hasta el presente no se ha recibido respuesta alguna del mencionado organismo y que en la misma se advirtió el grave deterioro de las instalaciones y, en particular, de las paredes y cielorraso de la institución La Otra Base del Encuentro”, informó a este medio el defensor adjunto, Andrés Elisseche, que se dedicó a revelar las condiciones edilicias como también de higiene y seguridad de los tres centros de rehabilitación para adictos que dependen de Salud.

En tanto que el 15 de noviembre, la resolución Nº 3.767 llegó al despacho de Lemus recomendándole “la rápida reubicación de dicho centro a un inmueble apto para el desarrollo de sus actividades y, de ser posible, dentro del ámbito geográfico del Barrio Rivadavia”.

Los sacerdotes de las villas porteñas, hasta hace poco referenciados en el padre Pepe Di Paola, justamente trasladado de la villa 21-24 por las amenazas de muerte de los narcos, fueron los impulsores de un primer amparo, en noviembre de 2006, por los chicos envenenados con el paco. “Parece ser conocida la situación de tantos pibes que se pasean por los pasillos de nuestras villas devastados por días de ‘paco’ o ‘pasta base’. Jóvenes, niños y niñas con sus ojitos vacíos, sus manos moradas, en ojotas, casi sin ropa, labios partidos, pies llagados, flaquitos, muy flaquitos, caminando de aquí para allá todo el tiempo, como perseguidos, buscando cómo juntar cinco pesos (lo que sale una dosis). Ya lo empeñaron todo, hasta las chapas de su casa o los pañales de sus hijos, hasta su propio cuerpo: una, dos, mil veces, no paran. Si pueden robar, roban a quien sea, todo vale para conseguir más y más. Arrastrando los pies porque se van a caer”, figura en una carta que, entre otros, firmó el legendario cura tercermundista del Bajo Flores Rodolfo Ricciardelli.

La ley de prevención y atención de adicciones nunca fue reglamentada. Desde hace cuatro años que se espera la buena voluntad del jefe de Gobierno Mauricio Macri para ponerla en acción. En el Bajo Flores aún recuerdan su promesa de campaña de mejoras para el centro de día que él mismo llamó “humilde pero digno”.

 

Por Lucas Schaerer

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