El Fiscal Fernando Fiszer pidió el procesamiento de siete oficiales de la Policía Federal, entre ellos dos comisarios, por supuestamente haber «liberado» la zona en la que fue asesinado el militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y sufrieron heridas de bala otras tres personas en octubre pasado durante un reclamo de empleados ferroviarios.
Fiszer pidió a la jueza Susana Wilma López el procesamiento de Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, quien fue pasado a disponibilidad por este caso; de su segundo Luis Alberto Echevarría, y de los comisarios Jorge Raúl Ferreyra y Luis Mansilla, quienes estuvieron a cargo del operativo.
Lo propio solicitó para Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30, y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video.
A todos los acusó de ser autores de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguida de muerte, excepto a Villalba a quien le imputó un rol de colaborador secundario, informaron fuentes judiciales.
La jueza López tiene plazo hasta este martes para resolver si los procesa pero allegados a la causa especularon que la decisión se podría posponer unos días.
El fiscal acusó a los oficiales de no haber cumplido su deber de repeler el ataque de la patota del gremio de la Unión Ferroviaria (UF) a los empleados tercerizados que protestaban en Barracas por despedidos, sino que le franquearon el paso al correr los patrulleros y no recogieron pruebas ni preservaron la escena del crimen.
Además, les imputó usar teléfonos personales -llamados en la jerga como POC- cuyas conversaciones no quedan registradas, y de haber interrumpido la filmación del operativo, lo que impidió ser utilizado como prueba.
Lompizano y Echevarría estaban a cargo de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal, desde donde se monitorean los operativos, y desde allí «se dieron directivas que son contrarias al servicio que debían cumplir» y se le ordenó que las conversaciones no se hagan mediante los
handies oficiales, dice la acusación.
La investigación a los oficiales es la tercera parte de la causa que lleva la jueza López luego de que diera con los presuntos autores materiales del hecho y con los supuestos instigadores, entre los que se encuentra el titular de la UF, José Pedraza, todos detenidos y procesados.
En ese marco, la defensa de Guillermo Uño, uno de los empleados ferroviarios detenido junto con otras nueve personas, reclamó su sobreseimiento y embistió al poder político y las fuerzas de izquierda como responsables del homicidio.
El abogado de Uño, Oscar Igounet, calificó de «apresurada» la decisión de la jueza de elevar la causa a juicio oral y la atribuyó a una intención de la magistrada «de deshacerse cuanto antes del conocimiento del caso, en tanto constantemente se producen nuevas probanzas que contradicen la tesis de los acusadores y la sostenida en el auto de procesamiento».
Igounet aludió así a la pericia balística que concluyó que la bala que mató a Ferreyra rebotó en el piso antes de entrar en el cuerpo, lo que -dijo- «jaquea irreversiblemente la ponencia imputativa de que haya mediado dolo de homicidio simple».
Según el letrado, «el luctuoso desenlace fue la derivación de una refriega entre facciones antagónicas, y que el occiso lo fue a raíz de un accidente (probable negligencia en el manejo del revólver de un compañero propio)».
Así, pretendió instalar la idea de que la bala que mató a Ferreyra fue disparada por sus propios compañeros, que apoyaban la protesta de los tercerizados del ferrocarril Roca.
Aseveró que «los movimientos políticos (llamados ‘sociales’), activistas que intervinieron en apoyo de un grupo de obreros subcontratados, al que eran ajenos (o sea, que actuaban comedidamente, parasitando un reclamo laboral que no les incumbía y que aprovecharon para consumar sus desmanes habituales), están armados».
Además advirtió por la aparición de un «testigo arrepentido, mediante el que se intentaría neutralizar la unánime conclusión pericial, y a la vez echar dudas sobre el proceder del personal policial afectado al control del orden el día del hecho».
Pero sobre ese punto en particular, la defensa cometió un error al atribuir supuestas responsabilidades a la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
«Si se sospechase que el personal uniformado (y de civil) unánimemente decidió omitir preservar la vida y bienes de las personas que debía resguardar, así como la tranquilidad pública, también corresponde agotar la investigación en este sentido, dirigiéndola, por supuesto, hacia la titular del Ministerio de Seguridad Interior pues de ella era el poder de decisión y estaba bajo su control el dominio del hecho criminal omisivo», dijo.
«Claro está que no mantuvieron el orden por así haberlo ordenado la Superioridad, en el caso la doctora Garré», consigna el escrito. Garré fue designada ministra de Seguridad el 15 de diciembre de 2010, casi dos meses después del crimen contra Mariano Ferreyra, y por entonces la fiscal de la causa era Cristina Caamaño, actualmente viceministra de Seguridad.
