El gobierno derechista de Mariano Rajoy anunció hoy que reformará la ley del aborto aprobada en España durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a costa de un fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica.
«Se trata de la reforma legislativa parcial más importante» del gobierno, aseguró el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al comunicar la iniciativa en la Cámara Baja.
El titular de Justicia, en cambio, no hizo ninguna mención a la ley de matrimonios homosexuales, la otra norma progresista que dejó como herencia Zapatero y cuya continuidad parecía amenazada con la llegada al poder del derechista Partido Popular (PP) tras las elecciones del pasado 20 de noviembre.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el ministro explicó que la reforma de la ley del aborto tiene como objetivo «restablecer la obligatoriedad de que los padres tengan que dar su consentimiento para que las menores puedan interrumpir el embarazo».
La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno de la embarazada, aunque los progenitores deben ser informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo.
La norma contempla también que las menores no comuniquen su decisión si alegan peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.
Aunque el titular de Justicia señaló que la reforma que promoverá el Ejecutivo es «parcial», también indicó que se «inspirará en la defensa a la vida, según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional».
El máximo tribunal español sólo reconoce el derecho de la mujer a abortar en los casos que contemplaba la antigua ley de 1985, es decir, por riesgo para la salud física y psíquica de la madre, malformaciones graves en el feto y violación.
Gallarón remarcó que la ley fue aprobada «sin consenso» y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos».
La ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo del gobierno socialista, conocida como «ley de plazos», permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto.
Pasado ese plazo, sólo se autoriza el aborto en caso de «problemas en el feto que sean incompatibles con la vida» -diagnosticados por un médico- o cuando se detecte «una enfermedad extremadamente grave e incurable, y así lo confirme un comité clínico».
El punto más polémico de la norma era el referido a las menores de entre 16 y 17 años.
El PP se opuso a la reforma de Zapatero e incluso participó de numerosas y multitudinarias manifestaciones organizadas por organizaciones antiabortistas y la Iglesia Católica en Madrid.
Para el PP la ley del aborto de los socialistas «vulnera el derecho a la vida» y «atenta contra uno de los pilares de la sociedad española, como es la familia».
La Iglesia Católica, que ha sido muy beligerante, considera que la norma está «envenenada de inmoralidad e injusticia». En sus últimas visitas a España, el papa Benedicto XVI también condenó el aborto y el matrimonio homosexual.
