Bajo el título “Hombres violentos y la inhabilidad moral para ejercer cargos públicos”, la Multisectorial de Mujeres de Salta, CLADEM, la Comisión de la Mujer UNSa, Abogadxs del Instituto Jurídico de Género y Mujeres Trans Argentina, hicieron público los antecedentes de violencia familiar que tienen unos doce candidatos a cargos legislativos. Informe de Nuevo Diario.
El candidato a senador por Capital, por el Frente Unidad y Renovación, Adrián “Chico Malo” Valenzuela, fue “denunciado por violencia de género, por privar a su hijx de la cuota alimentaria (…), por reconocimiento de filiación (…), por maltrato e incumplimientos laborales y por cuestiones de índole comercial”.
Añadieron que “lo grave” es “que su candidatura está avalada, financiada y sostenida por el gobierno de la provincia que encabeza Juan Manuel Urtubey, quien tiene la obligación de generar políticas públicas para erradicar la violencia machista”.
El candidato a senador por Capital por la agrupación Un Cambio para Salta, Guillermo Durand Cornejo, fue denunciado en 1986 por una empleada del PAMI por “acoso sexual con proposiciones deshonestas”.
Años después, “comenzó a amenazar a la víctima, con el despido y logró que la supervisora del PAMI, le aplicara una sanción”. En 2013 otra mujer acusó a Durand Cornejo por “tocamientos impúdicos”. Su candidatura “es apoyada por el intendente de Salta, Gustavo Sáenz.
El secretario del Sindicato de Camioneros y aspirante a renovar su banca por el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Jorge Guaymás, tiene “denuncias por hechos reiterados de lesiones, amenazas, de su ex pareja. Un anterior juicio por filiación de otra mujer y denuncias varias por coacción, amenazas y usurpación”.
El candidato a senador por Un Cambio para Salta en La Caldera, Alfredo Vázquez, tiene “denuncias (…) por ‘violencia familiar’ e incumplimiento de ‘deberes familiares’”. Y fue denunciado por desobediencia judicial, y amenazas a familiares y vecinos. Vázquez, integra la agrupación liderada por Matías Cánepa y Bettina Romero.
En Metán, el concejal Raúl Ledesma, candidato a renovar su banca por el Partido Primero Salta, “fue denunciado e imputado, por abuso sexual simple contra una menor”. “Su candidatura, continúa en pie y cuenta con el apoyo político del actual presidente del Concejo Deliberante de Salta y candidato a diputado provincial por Primero Salta, Ricardo Villada”.
El diputado justicialista de Los Andes, César Córdoba, es investigado por “lesiones agravadas y amenazas” a su pareja.
En 2013 el entonces intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quedó involucrado en trata de personas. El ex intendente de El Bordo, Juan Rosario “Chicho” Mazzone, fue condenado por corrupción de menores. “El actual intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, fue denunciado 2 veces por su ex pareja por distintos hechos de violencia machista”.
A comienzos de 2016, el intendente de Aguaray, Alfredo Darouiche, fue denunciado por cohecho, amenazas y violencia. Ese mismo año y mes, Juan Domingo Aguirre, intendente de Joaquín V. González, fue denunciado por agresiones y amenazas. El intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, fue denunciado por violencia de género.
Los jueces no se salvan
El juez de Tribunal de Juicio Sala VII, Federico Diez, está acusado por “lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género”, desobediencia judicial y amenazas con armas en perjuicio de su ex pareja. La causa ya lleva 13 meses, se encuentra ahora a consideración del Tribunal de Impugnación y “no se sabe aún, si se elevará a juicio”.
Las organizaciones también reseñaron el caso de los “juicios políticos contra magistrados/as que han incurrido en hechos graves de violencia institucional”, entre quienes enumeró al juez de familia Víctor Raúl Soria y la asesora de Incapaces Claudia Marcela Flores Larsen, por “privar a una niña de acceder a una práctica médica de interrupción del embarazo cuando había sido violada y agredida físicamente por su padrastro”.
El caso del juez se Tartagal Héctor Mariscal Astigueta y del fiscal Jorge Cazón, por “privar de acceso a justicia” a una niña.
