La familia de Miguel Galuccio, el actual presidente de YPF, involucrada en una millonaria estafa en el Gobierno entrerriano. Es posible que en Entre Ríos, la Justicia esté hoy ante uno de los mayores escándalos en materia de estafa a la adm…inistración pública, si se confirman las cifras que suenan en los pasillos de la Casa de Gobierno. La primera vez que hablamos con Marcelo Casaretto, hace de esto unos diez días, nos indicó que la estafa rondaría los 18 millones, hoy ya se habla de 50 millones de pesos, es decir más del doble de lo que nos confirmó él, en esa oportunidad. El escándalo de ATER se desató con un contribuyente de la ciudad de Victoria, ¿cómo fue? Esta persona (dueño de una empresa dedicada a la venta de semilla) solicita lo que se denomina «un estado de deuda» ante el organismo ATER, pero después no regresa a buscarlo, es decir «desaparece». Entonces Francisco Valiero, «Pancho Valiero» que es hermano del ministro de economía, y se desempeña en la ATER como director de Interior, y que conocía a este señor empresario de Victoria, quiso determinar el monto y fue ahí que se encontró con que la deuda estaba en cero.
Esto, por supuesto, sorprendió a Valiero, que sabía que esta empresa de Victoria poseía una deuda importante y fue a chequear o a corroborar esta información en el sistema general, y ahí se dio cuenta que no se había pagado la deuda de la empresa, sino que se le había realizado una compensación.
¿Que son las compensaciones? Son un proceso que prevé el Código Fiscal para quienes son proveedores del Estado y tienen facturas impagas y que utilizan dichos créditos a favor para saldar sus obligaciones fiscales, es decir los impuestos.
A partir de ahí y frente a este escenario, comenzaron las investigaciones, primero desde la dirección de sistemas de ATER, a través del director, Germán Gietz, con un procedimiento que se llama query (consulta a una base de datos) y entonces se van a chequear «todas las compensaciones realizadas por las empresas de Entre Ríos», para saber fehacientemente quiénes habían cargado al sistema, es decir «Que empleados del gobierno» habían realizado este procedimiento en el sistema de computadoras del organismo.
El objetivo era constatar la existencia de los expedientes, resoluciones que de alguna manera, avalen estas compensaciones. Y ahí se encontraron con la sorpresa de que en un total de 65 razones sociales (personas físicas y jurídicas) se había utilizado el sistema de manera apócrifa, esto es, borraron las deudas del sistema simulando compensaciones, que no existían, y que no tenían ningún aval, ni resoluciones y que no habían prestado ningún servicio al gobierno, ni ventas ni nada que avale estas compensaciones.
Y porque se llega a la investigación de Estela Martínez de Yankelevich y de su empleado en mesa de entrada, Daniel Gaggión, porque son los únicos que tienen las claves, o digamos vulgarmente la contraseña para cargar estas compensaciones, y hablo de empleados de carrera con 30 años de servicio en la recaudadora.
¿Cómo está la investigación ahora? Se estima que hay una red de contadores que junto con el tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria, «ofrecían» el servicio a las empresas, entre ellas a la firma «El Sembrador SRL», que pertenece a la familia de Miguel Galuccio, el actual presidente de YPF.
Claro que ni lerdo ni perezoso Gustavo Gioria, presentó la renuncia, porque de seguir en el cargo se tendría que someter a un juicio político por incurrir en el delito de «incompatibilidad con sus funciones en la administración pública».
Acá cabe destacar que, no solamente se está investigando a Gustavo Gioria, sino también a Aurelio Miraglio y Diego Valiero, titulares de las otras áreas que competen a estos procedimientos.El primero ya sabemos quien es Gustavo Giori tesorero general de la provincia, el segundo Aureliano Miraglio, fue el último titular de lo que es la ex DGR y que ahora se denomina ATER; y el tercero Diego Valiero es el funcionario más antiguo de las dos gestiones de Sergio Urribarri, con más de treinta años en la administración.
Esto está complicándose cada vez más para estos tres funcionarios porque si la caratula se presenta con la figura de «asociación ilícita»: las penas van de 3 a 15 años solo por pertenecer a la asociación; y 5 a 15 años para quien se determine que es el jefe de esta asociación.
Pero ojo que hay una larga lista de funcionarios deberían pasar por los tribunales, porque en el camino de estas irregularidades que se convirtieron en lo que hoy se puede denominar el mayor saqueo al estado provincial de los últimos tiempos existen muchas personas implicadas. Esta denuncia recayó en el juzgado de Marina Barbagelata y la investigación se está llevando a cabo por el «fiscal auxiliar», Gervasio Labriola, sobrino político del presidente de la Cámara de Diputados, José Allende.
Fuente: Gente de Medios
