Los ministros Julio Alak y Alberto Sileoni anunciaron la aplicación del «sistema de incentivo» que beneficiará a los internos de los penales federales de todo el país. El Congreso Nacional votó la modificación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa el año pasado.
Dos ministros del Gobierno llevaron las «buenas noticias» a presos de los penales federales. Para ser beneficiario de ese incentivo, sólo deberán demostrar denuedo al estudio, y su condena dictada por un tribunal de Justicia será reducida hasta casi 2 años.
Ocurre que a partir de este año comenzará a aplicarse un sistema de incentivos que reduce hasta 20 meses las penas de los presos gracias a la puesta en marcha de los incentivos educativos incorporados a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el de Educación, Alberto Sileoni, fueron los encargados de los anuncios durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Ezeiza y que involucra a todas las unidades penales del Servicio Penitenciario Federal.
El 27 de julio de 2011, el Congreso votó modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad poniendo en el artículo 140 de la 26.695 los “estímulos educativos” que benefician a los internos condenados por delitos.
La escala para los «presos estudiantes»
a) Un (1) mes por ciclo lectivo anual
b) Dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente
c) Dos (2) meses por estudios primarios
d) Tres (3) meses por estudios secundarios
e) Tres (3) meses por estudios de nivel terciario
f) Cuatro (4) meses por estudios universitarios
g) Dos (2) meses por cursos de posgrado
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinte (20) meses, aclara la norma.
“Es una medida inédita en la historia argentina que busca incentivar a las personas privadas de su libertad a capacitarse para lograr una reinserción social plena”, afirmó Alak.
Y defendió la aplicación del artículo 140 señalando que “está probado que la formación de los condenados reduce significativamente los niveles de reincidencia en el delito”.
En la ley sancionada el pasado año ahora también se contempla que, si un penal no garantiza el acceso a la educación de los presos, estos podrán recurrir a la Justicia y que el Estado se haga cargo a través de un tercero.
