Las empresas del sector convocaron al cese de actividades para el miércoles y jueves de la próxima semana. Reclaman una suba de aranceles para afrontar los incrementos salariales.
Las clínicas, sanatorios y centros ambulatorios privados resolvieron no prestar los servicios médicos el miércoles y jueves próximos y sólo atenderán las urgencias clínicas y quirúrgicas. La medida de fuerza dispuesta por los empresarios del sector obedece a la necesidad que manifestaron de un incremento de los aranceles, que debe ser autorizado por el Gobierno, para poder cumplir con una suba salarial del 26% acordada este jueves en la paritaria del gremio de Sanidad.
Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, indicó que “acá existen tres sistemas privados de salud, que atienden al 60% de la población argentina, porque las obras sociales y PAMI contratan instituciones privadas para brindar sus servicios. Dentro de esas tres franjas del sistema privado, hay algunas que atienden medicina privada ‘pura’, solamente prepagos; algunas que hacen un ‘mix’ –parte de prepagos y parte de obras sociales–, y algunas instituciones que atienden solamente obras sociales y PAMI”.
En ese marco, las clínicas que atienden al PAMI rechazaron firmar la paritaria del sector en tanto la obra social de los jubilados no especifique cuánto va a pagar de aumento a las empresas por dichos servicios. Asimismo, las clínicas que atienden a la medicina privada también se negaron a adherir al acuerdo paritario mientras la Superintendencia de Salud no les comunique a los prepagos cuál va a ser el importe de actualización de aumento.
«La paritaria se firmó igual, en disidencia de las clínicas que atienden el sistema privado, pero la paritaria obliga –al estar firmada por una de las partes– a la otra a cumplirla. Los sueldos en el sistema privado comienzan a devengarse con actualización desde el 1° de agosto y teóricamente, el cuarto día hábil de septiembre hay que abonar el aumento de salarios fijado en esta paritaria», definió Belocopitt.
Agregó que «el propio Estado, que es el que maneja la Superintendencia y el PAMI, definió que la estructura de costos presentada avalaba la necesidad de los prestadores de obtener este 26% de aumento» en los aranceles. «Si eso es una necesidad para los prestadores del PAMI, también es una necesidad para el sistema privado», argumentó Belocopitt.
«Si la Superintendencia no emite una resolución estableciendo cuál es el aumento, no hay plata para que las clínicas reciban el aumento en las mismas proporciones de la estructura de costos con la que todo el sistema está funcionando: obras sociales, PAMI y medicina prepaga, porque las obras sociales tuvieron el aumento, porque lo reciben a la vez que suben los salarios», expresó el presidente de Swiss Medical.
«Nos quedamos devengando salarios y sin financiación. Por primera vez en la historia del sistema de salud en la Argentina se decide hacer una protesta para aclararle a la sociedad y las autoridades que sin recursos no se puede sostener un sistema. Nos duele enormemente», continuó Belocopitt.
En tanto, Guillermo Gómez Galizia, titular de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), requirio con urgencia la determinación de aranceles mínimos y obligatorios. «Es inexplicable que en la actual coyuntura la Superintendencia de Servicios de Salud no haya convocado al Consejo Permanente de Concertación previsto por la Ley 26.682 de regulación de la medicina prepaga, a efectos de determinar los aranceles mínimos y obligatorios que cubran los costos de producción de las empresas prestadoras».
«Nos encontramos en una situación de virtual empantanamiento en la negociación salarial del Convenio Colectivo 108/75, del cual somos signatarios, debido a que la misma está condicionada al logro de un correspondiente aumento de aranceles para las empresas del sector», agregó Gómez Galizia.
