El juez federal Sebastián Ramos, el narcotráfico y un tendal de coincidencias

Sebastián Ramos nació en 1968 en la Ciudad de Buenos Aires. Se recibió de abogado a sus 26 años (en 1994) en la Universidad Católica Argentina. Durante más de diez años fue docente en la subsede Buenos Aires de la Universidad Católica de Salta. 

Antes de asumir como juez federal en octubre 2012 en el juzgado Nro. 2, prestó servicios durante más de veinte años en el juzgado Nro. 3 de Comodoro Py. Tuvo como superiores a los jueces Néstor Blondi, Carlos Daniel Liporaci y Daniel Rafecas.

En su larga carrera en el juzgado Nro. 3, compartió tareas con María Esther Ballestero, hermana del camarista Jorge Ballestero. Ramos se presentó en el concurso 140, destinado a cubrir cuatro juzgados federales. Quedó segundo en una terna complementaria que envió el Consejo de la Magistratura al poder ejecutivo, e increíblemente estuvo entre los cuatro pliegos enviados al Senado. Como cuenta alguien: “Fue un gol en tiempo adicional y con la mano”. En términos del diario Ámbito: “Con 40 votos a favor y 16 en contra fue nombrado, a pesar de haber sido objetado por el senador radical Mario Cimadevilla, por su tarea como secretario del juez Rafecas”. 

En una muestra más de la maravillosa “familia judicial”, desde principios de 2014 su hermano Martín Ramos se incorporó como secretario del juzgado federal Nro, 5. 

“A tres días de asumir su cargo, el flamante juez federal Sebastián Ramos estrenó su sello como magistrado y desestimó una denuncia penal, contra el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, por haber suspendido a la cooperativa ‘Consumidores Libres’ de Héctor Polino”, recuerda La Gaceta Mercantil en su edición del 12 octubre de 2012.

“El flamante juez federal Sebastián Ramos, archivó la denuncia contra Diego Maradona, Carlos Bilardo, y sus acompañantes en la dirección técnica del seleccionado, por la presunta entrega de entradas gratis a barras bravas”, añade poco después Para Buenos Aires el 21 noviembre de 2012. 

En julio 2013, se realizó una denuncia en la entelequia denominada PROCUNAR (que se supone investiga cuestiones de narcotráfico), y el fiscal Roux dio origen a la causa 7104/13, la cual “por sorteo” recayó en el juzgado Nro. 2. La misma fue graciosamente caratulada por Ramos y los suyos como “N. N. Infracciones a la ley 23737 de Estupefacientes”, a pesar que se detallaban eventuales delitos de Acción Pública de más de seis funcionarios del ministerio de Seguridad, y de distintos jefes policiales muchos a cargo de unas diecinueve comisarías. Es decir, delitos de una complejidad mucho más singular que una simple venta de drogas. Obviamente los funcionarios judiciales cumplieron lo necesario, para que la denuncia fuera archivada. 

“El juez federal Sebastián Ramos, investiga presuntos ilícitos en el uso de subsidios que debieron ser aplicados al mantenimiento y mejora del servicio de la línea Sarmiento. Puede haber existido algún tipo de connivencia entre estado y empresarios”, cuenta, sobre la causa II de la Tragedia de Once, el portal Infonews en su edición del 20 febrero de 2014.

Tras largos años de investigación, el fiscal federal Federico Delgado requirió la declaración indagatoria del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Patricio Griffin .La fiscalía elevó a Ramos su pedido para que cite como imputado al funcionario, que reporta a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Delgado hizo mención a «las anomalías detectadas en los subsidios” y señaló por ello a Griffin ya que, «tenía el efectivo poder de disposición sobre el dinero y debía velar por su correcta aplicación». No se supo nada más de la causa, seguramente archivada.

También en el 2014 el benemérito fiscal Delgado, quien culminó una gran investigación dictaminando investigar si el Fondo Monetario Internacional, fue responsable durante la última dictadura cívico militar de intentar “a sangre y fuego ajustar las relaciones sociales”, conforme el nuevo patrón de acumulación del Consenso de Washington. “Entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético”. Delgado le pidió al juez Ramos que encomiende una investigación, basado en cables recibidos del ministerio de Economía y de Relaciones Exteriores del FMI, luego de sistematizar muchísimos archivos. De este modo lo relata el diario La Mañana, en su edición del 15 octubre de 2014. Por supuesto que el dictamen del fiscal y la causa en cuestión, murieron de muerte natural.

A fines del 2016 Ramos procesó a Ricardo Jaime y Néstor Otero en la causa de renovación de contrato de la terminal de ómnibus de Retiro. Una causa como anillo al dedo de la administración macrista, en su furibunda campaña anti K. También su señoría procesó al ex ministro Julio de Vido, en la causa de renegociación de contratos ferroviarios, otro gran pilar del macrismo en su cruzada anti K. Cambian los gobiernos, pero sus señorías siempre son oficialistas, al fin y al cabo la vida no es otra cosa que darse vuelta como panqueques.

Ramos tuvo participación en la denuncia realizada por Amado Boudou, sobre su detención filmado “descalzo y en piyamas”, con cuatro prefectos imputados por tal motivo. Según distintas fuentes, dicha causa quedó empantanada o bien se encuentra también archivada.

En 2017 se reabrió una causa de una denuncia de hace más de treinta años, por más de doscientos contagios de HIV y hepatitis C de parte de la fundación Hemofilia, en la cual el juez Bonadío había dictado un increíble sobreseimiento. Aparentemente y como una cuestión sistemática del juzgado Nro. 2, tampoco se produjeron avances en esta investigación. 

En otra bochornosa actuación, el juzgado detuvo a los hermanos Axel y Kevin Salomon en días previos al circo de la reunión del G 20, acusados de ser terroristas de Hezbollah. Los hermanos fueron excarcelados tras pasar veintidós días detenidos, después de una maratónica ampliación de indagatoria que duró nueve horas. El juez Ramos dictó la falta de mérito para Axel, procesó a Kevin y al padre de ambos Marcelo –por la tenencia de dos armas obsoletas de un abuelo-, y les trabó un embargo hasta cubrir la suma de 300 mil pesos cada uno. En la resolución no aparece nada que tenga que ver con el delirio de terrorismo. Otra muestra más de cómo se detiene a alguien sin razón, se lo acusa del embarazo de la virgen María y luego se lo procesa por vender mandarinas. Y lo que es peor: las instancias superiores de Py (Cámaras del Crimen y de Casación) terminan sosteniendo fallos penales aberrantes, y ocasionando daños patrimoniales a personas inocentes. Y para quien aún dude de estas cuestiones, cabe mencionar que el funcionario K Roberto Baratta fue excarcelado, luego de permanecer ciento cuarenta días detenido en la causa de gas licuado: la prisión preventiva se convirtió en método de apriete a los imputados y como disciplinamiento social de parte de funcionarios judiciales y políticos.

Distintas fuentes aseguran además, fuertes vínculos de los funcionarios del juzgado Nro. 2, con los célebres operadores del gobierno Fabián “Pepin” Rodríguez Simón y el inefable Daniel Angelici, hincha de Huracán pero presidente de Boca Juniors. Muchos sostienen además, la existencia de muy fuertes contactos de dichos judiciales, con algunos de los de más de cien D’Alessio de SIDE y AFI, que operan en estos ámbitos y “colaboran” part time con la DEA u otro agencia de USA, y con los funcionarios del “ministerio de la Inseguridad nacional” (pagados con fondos reservados).

Su señoría Ramos logró tener una buena cantidad de denuncias en su contra. Una de las más destacadas y debidamente encubiertas por los medios, fue la que le realizara a principios de 2014 el colombiano Henry Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, detenido desde el 2012 en una causa del juzgado Nro. 2. “El juez violó los tratados internacionales de defensa de los derechos del niño, al exponer en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero al hijo de ocho años de López Londoño”, conforme detalló su letrado Carlos Broitman. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Canicoba Corral, según confirma Infojus en su edición del 27 marzo de 2014. Obviamente en ese caso también vale el “aquí no ha pasado nada”.

Pero seguramente los mayores aportes del juez a la jurisprudencia, fueron las pésimas investigaciones que se realizaron sobre estupefacientes, en el juzgado entre los años 2012 y 2016 (y en menor medida hasta el presente). En la causa 5851/12, se investigaba al shopping de drogas del hotel Santa Cruz, de Santiago del Estero 1450. El juzgado contó con informes que detallaban el accionar de más de treinta transexuales peruanas traficantes, y a pesar que se describió la protección policial de la comisaría 16, graciosamente el juez dio intervención a Drogas Peligrosas de la misma fuerza: hubo simulaciones de allanamientos, no descubrieron casi nada y se denunciaron varios robos de los habitantes (además supuestamente “empapelaron” a cuatro perejiles). Así, la caja recaudatoria mensual de la 16, superior a 5 millones, no se vio para nada afectada.

El juzgado también tuvo participaciones pocos claras en varias causas, en las cuales deberían haberse imputado varios jefes y personal de la comisaría 8: en la causa 861/13 “Comisaría 8 sobre infracciones ley 23737”, no se investigó y eventualmente se encubrió a policías delincuentes, a pesar que estaban denunciadas sus identidades, rangos y horarios en los cuales cometían sus delitos. 

En la causa 8025/13 “Cardozo Esteban y otro” también por ley 23737, se cometieron todo tipo de despropósitos jurídicos, los cuales no solo podrían imputar al magistrado sino también a dos de sus colaboradores (un secretario letrado y una empleada jerárquica). Conforme fuera denunciado: “El auto de procesamiento y prisión preventiva, presenta una verborragia homofóbica difícil de creer en sus cuarenta y nueve fojas. Por otra parte resulta difícil de comprender cómo un juez firma semejante esperpento plagado de graves errores. Ni siquiera se detuvo a leer detenidamente lo que iba a firmar. Intentó intervenir un celular sin percatarse por sus primeros números, que no era de nuestro país sino de Perú. Detuvo y procesó personas con la misma metodología de la dictadura: figurar en agendas. Mantuvo presa durante dieciocho días a otra persona, a pesar que el denunciante principal había detallado su identidad, y que la misma le había aportado la mayor parte de la información. Tampoco investigó la denuncia sobre el personal de la 8 y de Drogas de Peligrosas, de los robos y otros delitos cometidos en varios allanamientos”.

En el Consejo de la Magistratura a su vez se abrió el expediente 14/2014 del 21.2: “No estoy en condiciones de afirmar que este juez tenga vínculos financieros con los narcos, pero no tengo la menor duda que no hace absolutamente nada con los policías corruptos que sí se encargan de proteger y cobrarles a los mismos, de manera que no solo puede estar incurso en encubrimiento sino en otros delitos de acción pública muchos más graves, teniendo en cuenta que esas protecciones judiciales casi nunca son gratuitas. Por otra parte, el encubrimiento del delito de espionaje, de personal de gendarmería descripto en esta presentación (a un ciudadano que debían custodiar judicialmente y no espiar) demuestra que este magistrado hace la vista gorda no solo respecto de los delitos policiales”.

Se realizaron también cuatro presentaciones en la Corte Suprema, en el expediente 815/2013, tomo 49, letra R, tipo PVA, ingreso 16-11-2013, secretaría 03, vocalía Eugenio Zaffaroni. “Irregularidades y eventuales delitos de acción pública del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 2, secretaría Nro. 3”: “Los resultados casi siempre suelen ser soberanos: se realizaron once allanamientos en Once que produjeron diecinueve detenciones, de los cuales quedaron dieciséis procesados, al menos dos de los cuales no venden sustancias. Considerando que identifiqué ochenta y ocho objetivos narcos, unos meses antes, si correlacionamos esos catorce traficantes en relación a los otros ochenta y ocho, tendríamos un porcentaje de solo 16 por ciento,  lo cual significaría que el 84 por ciento quedaron impunes, merced a la labor de los integrantes de la brigada 8, de Drogas Peligrosas y  de los funcionarios judiciales”. También el denunciante detalló buena parte de los robos, realizados por personal policial en los once allanamientos.

A fines del 2018, aunque parezca un chiste, el juzgado Nro. 2 recibió la certificación de ISO 9001 (al igual que los de Lijo y Martínez de Giorgi, previamente). Si estuviera el Chavo presente diría: “Sin querer queriendo”. Claro que en su lugar el Chapo afirmaría: “Me cansé de sobornar jueces, procuradores y políticos, no comprendo de qué cosa me están condenando”.

Fuente: RealPolitik

Por:
Jorge O. Rodríguez

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