El Gobierno presentó la nueva ley de ética pública

La titular de la OA, Laura Alonso, defendió el proyecto ante un plenario de comisiones en Diputados.

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, presentó este martes el proyecto del Poder Ejecutivo para una nueva Ley de Ética Pública ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los diputados del PRO Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky.

En la reunión informativa, Alonso se refirió al contenido del proyecto y explicó que “regula de manera integral la ética pública para todos los poderes del Estado, desde el Presidente hasta el cadete de la última oficina del Estado argentino”.

El texto se basa en legislación de Chile, México, Francia, Estados Unidos y Canadá. Para su elaboración se consideraron más de 25 proyectos de ley presentados en el Congreso desde el 2014.

En este sentido, Alonso detalló los principales lineamientos de la normativa que “perfecciona la definición de funcionario público y prevé deberes éticos específicos y de carácter obligatorio”.

Principales puntos del proyecto

La iniciativa incorpora un capítulo completo contra nepotismo, establece prohibiciones en designaciones de familiares e introduce el deber de las autoridades de controlar anualmente las declaraciones juradas de los tres poderes.

En materia de declaraciones juradas, Alonso mencionó que el proyecto establece la obligación de “publicar en Internet las declaraciones juradas en formato abierto, así como publicar el listado de cumplidores e incumplidores”.

El texto establece además medidas para “quienes mientan u oculten información y prohíbe el reingreso a la función pública de los incumplidores”. Y suma la obligación de presentar declaraciones patrimoniales a los nominados a ocupar cargos por el Congreso de la Nación, a titulares de obras sociales y de sindicatos.

Alonso también se refirió a los artículos sobre conflictos de intereses, ya que el texto “prohíbe actividad privada sobre la que se tengan atribuciones en el ámbito público, genera más restricciones a los funcionarios de alta jerarquía y regula las participaciones societarias de subsecretarios y cargos superiores”.

El proyecto del Ejecutivo también establece limitaciones después de la función pública, prohíbe los obsequios a los funcionarios y extiende dicha prohibición a sus cónyuges y a sus hijos.

“Es una oportunidad para fortalecer un régimen de ética que de cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución Nacional. Se busca generar más transparencia para un mayor control ciudadano”, resumió Alonso.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *