Tras el aval judicial, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó la instrumentación de medidas tendientes a descontar los haberes a los docentes que participaron de huelgas durante el septiembre de 2008, al tiempo que el gremio UTE-CTERA Capital denunció supuestas persecuciones y amenazas.
Más de 200 auditores realizarán relevamientos en las 700 establecimientos escolares porteños para determinar fehacientemente quiénes fueron los docentes que no trabajaron los días de paro.
El Director General de Educación Estatal, Roberto Angrisi, fue instruido por el Síndico General, Ignacio Rial, para realizar la recolección de la información necesaria a través de copia de libro o planilla de firmas.
Según trascendió, toda la documentación deberá ser firmada por el responsable del establecimiento, quién no podrán negarse a facilitarla en virtud del artículo 125 de la Ley de Control del Sector Público.
La aclaración sobre los alcances de la medida surge después de que supervisores y secretarios de algunos establecimientos se negaron la semana pasada a brindar testimonio ante los auditores.
Los gremios docentes protestaron, al indicar que la información debería ser obtenida a través de las planillas que todos los meses las secretarias de las escuelas elevan a la jefatura de cada distrito.
Desde UTE-CTERA Capital, gremio mayoritario de docentes porteños, denunciaron que «el Gobierno de la Ciudad continuó enviando auditorías a las escuelas con el fin de amedrentar al personal directivo y docentes».
«En las dos reuniones realizadas el día de ayer, tanto de supervisores escolares de distintas áreas, niveles y modalidades, como de directivos de las escuelas, se volvió a rechazar el procedimiento que lleva adelante el GCBA en los establecimientos educativos a través de auditorías carentes de legalidad cuyo único objetivo es pedir otra vez listas de docentes que se adhirieron a los últimos paros», indicaron en un comunicado de prensa.
El gremio de UTE asegura que «estas auditorías tienen como objetivo perseguir a quienes utilizan herramientas legítimas constitucionales para expresarse y reclamar frente a la desinversión educativa que sufre la Ciudad de Buenos Aires».
«El jefe de gobierno considera a los docentes que se desempeñan en cargos directivos como si fueran gerentes de personal de sus empresas», afirmaron.
Ayer, la Justicia porteña rechazó un amparo presentado por gremios docentes sobre el descuento de haberes durante una huelga realizada en el año 2008.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno porteño y rechazó una acción de amparo presentada por la Asociación Docente Ademys.
La acción de amparo estaba referida al descuento de haberes correspondientes a los días de paro realizados el 17 de julio de 2008 y el 3 de septiembre de ese mismo año.
En los argumentos del fallo, el juez Luis Francisco Lozano señaló en su voto que «la huelga recibe una amplia tutela del ordenamiento jurídico, tanto en la persona del trabajador como en la de la asociación sindical».
Agregó que «es un derecho y, por tanto, no puede ser causal de sanciones o represalias, ni en el marco del contrato de trabajo ni en el del poder de policía del estado».
No obstante, en lo atinente a la cuestión del descuento de los días no trabajados por paro, el magistrado indicó que «el ejercicio del derecho a huelga no genera por sí la obligación de pago del salario correspondiente, ni libera al empleador de cumplir con el pago».
