El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, La Metropolitana y la Policía Federal incumplen el Decreto – Ordenanza 12.867

 En medio de la pelea por la inseguridad y el pase de las comisarías de la Policía Federal Argentina, ambos gobiernos el de la Ciudad de Buenos Aires y la policía Federal dependiente del Gobierno Nacional en cuanto al maltrato animal que sufren los caballos que tiran los carros, el Decreto Ordenanza 12.867 sigue sin cumplirse a diario y a la vista de todos.

Ya vecinos y organizaciones de defensa de los derechos del animal han denunciado que los carros pasan sin control alguno por el Puente de Valentín Alsina que une Valentín Alsina (Lanús provincia de Buenos Aires) y Pompeya, Capital Federal.

En la primera foto se aprecia a un carro pasando sin problemas frente a la Comisaría 10 de la Policía Federal, calle Muñiz 1250 y unos metros más adelante, en jurisdicción de la misma comisaría se observa otro carro circulando por Av.Rivadavia y Yatay.

Si alguien quiere escribirle a la comisaría  y pedir explicaciones el correo es comisaria10@yahoo.com.ar o bien al correo del Ministerio de Seguridad comunicacionminseg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Decreto-Ordenanza 12.867 La Ordenanza Municipal Nro. 12.867

 
Prohíbe la tracción a sangre en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se detecta un carro tirado por caballo en el ámbito de la CapitalFederal, hay que dirigirse al primer policía que se encuentre en la calle para que lo detenga de inmediato. Todos los equinos incautados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, por la Policía Federal, son llevados a un predio destinado para ese fin para recibir en forma totalmente gratuita servicio veterinario, alimentación, vacunas, desparasitación, internación, herraduras, compostura de arneses.  Es el Centro de Atención de Caballos de Tiro.

Una vez que los tenedores de los equinos van al predio con la orden firmada por el Juez de Faltas del GCBA, el equino es devuelto con una libreta sanitaria del Centro, siempre y cuando éste no haya sido víctima de actos de crueldad. En este último caso se iniciará una causa penal en virtud de la Ley Nacional 14346/54 solicitando su guarda judicial. Si los equinos no fueran reclamados por el propietario para ser retirados del predio transcurridos los 40 días desde la incautación en la vía pública, la entidad a cargo dispondrá de los equinos para ser dados en adopción a tenedores responsables que no deseen hacerlos trabajar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *