El estudio realizado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa  comparó la situación parlamentaria de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, y concluyó que los niveles de todos esos países están por debajo del nivel de trasparencia óptimo.

El cotejo contempla los “estándares mínimos de apertura en el quehacer político, administrativo y legislativo de las instituciones”, según informó la ONG Poder Ciudadano, que junto con la Asociación por los Derechos Civiles (ACD) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizaron la evaluación en nuestro país.

Para ello, se evaluó –a partir de un cuestionario de 193 preguntas- la normatividad (leyes y normas que regulan las prácticas institucionales), la labor legislativa (transparencia y publicidad de los actos legislativos), el presupuesto y la gestión administrativa (acceso a información sobre cómo se manejan los recursos) y la participación y atención ciudadana.

Entre las conclusiones que advirtieron las organizaciones que hicieron el informe se destaca la falta de una ley que regule el acceso a la información pública, al tiempo que  la ausencia de normativa sobre el lobbying o cabildeo, lo que a su juicio “incentiva la generación de intereses extraparlamentarios”.

Se cuestiona, además, que el acceso a las sesiones y a las comisiones sea restringido; que no sea posible acceder a información relacionada con el personal del Congreso, como tampoco a los proveedores de la institución.

Argentina resultó en el último lugar de tres de las cuatro categorías que se usaron para la evaluación.