Detienen otra vez al árbitro Bustos intentó abusar de menores de Newell’s

El arbitro Bustos se hizo conocido en el caso que se investigaban los abusos de menores en el Club Independiente, causa que cuando bajo el interés mediático paso a una especie de nube oscura en la que los imputados terminaron recuperando la libertad y beneficiados con una nueva carátula penal que les garantizaba tranquilidad.

El árbitro Martín Bustos, que estuvo con prisión preventiva hasta septiembre pasado luego de que se conocieran los casos de abusos a menores en las categorías inferiores de Independiente, volvió a ser detenido en la noche de este jueves, ahora en Rosario y por una denuncia del mismo tenor pero que tiene como víctimas a chicos de las inferiores de Newell’s. Los propios dirigentes del club del Parque fueron los que pusieron la grave reincidencia en conocimiento de la Justicia.

El árbitro se había contactado con los adolescentes mediante redes sociales. Ante el aviso, y con aval de la Justicia, policías se hicieron pasar por los chicos y le siguieron el juego hasta concretar un encuentro en Rosario. Ahí lo detuvieron.

El caso de la red de corrupción de menores que juegan en las inferiores de Independiente saltó a la luz el 21 de marzo de 2018. Bustos fue uno, entre varios, de los implicados. Ahora, lo detuvieron en Rosario por orden de la fiscal santafesina Carla Cerliani, de la Unidad Especial de Delitos Sexuales.

Bustos fue detenido el 24 de marzo, pero la Sala I de Lomas de Zamora integrada por los jueces Dr. Miguel María Alberdi, Dr. Guillermo Alejandro Rolón y el Dr. Miguel Carlos Navascues, ordenaron liberarlo junto a otros implicados –Leonardo Cohen Arazi y Alberto Ponte–, el pasado 13 de septiembre, al parecer estos jueces carecen del conocimiento sobre la alta reincidencia que tienen los abusadores y violadores, siempre pensando que han actuado convencidos de su fallo y no por otras cuestiones ajenas al derecho.

El tribunal cambió la carátula para los tres: suprimió el delito de abuso sexual de menores y decidió que se los investigara sólo por promoción a la corrupción de menores.

Para la Sala I, hubo consentimiento por parte de los jóvenes, y como la pena mínima para esa clase de delito es de tres años, ordenó excarcelarlos.

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