Denunciaron que el 60% de las fuerzas tenía salarios judicializados

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, destacó que «el descalabro que derivó se observa en que el 60% del personal cobraba un salario como producto de una demanda judicial», pero aclaró que hay acciones judiciales en curso. Aclaró, en ese sentido, que no se pagará el básico de siete mil que reclaman.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, recordó el aumento de recursos destinado a la Gendarmería y la Prefectura, y afirmó que anteriormente «el 60% del personal tenía sus haberes judicializados» gracias a un «festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas».

El jefe de los ministros destacó que «se sextuplicó» el destino de fondos a las dos fuerzas de seguridad, al brindar una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, acompañado por el ministro Hernán Lorenzino.

En este sentido, señaló que «todos los efectivos de ambas fuerzas recibieron sus haberes» sin errores en la liquidación. «Lamentablemente tenemos que anunciar que la situación confirma sospechas que teníamos» respecto a la liquidación y que por eso «hay acciones (judiciales) en curso».

El jefe de los ministros destacó que «el descalabro que derivó se observa en que el 60% del personal cobraba un salario como producto de una demanda judicial», aunque agregó que «el conjunto de las inversiones muestran que el Gobierno ha revalorizado ambas fuerzas».
Señaló además que «los únicos que se van a ver perjudicados son los que usufructuaron medidas cautelares para cobrar cifras exhorbitantes, que son minoría». «La inmensa mayoría de los integrantes de Gendarmería y Prefectura van a ser beneficiados», sostuvo el jefe de Gabinete.

Aclaró, en la conferencia, que no pagarán el mínimo de siete mil pesos que reclaman los manifestantes y consideraron que se trata de un «desquicio administrativo».

El Ministerio de Seguridad denunció ayer ante la Justicia federal a las ex cúpulas de Gendarmería y Prefectura por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos, informaron fuentes judiciales.

La denuncia apunta a un conjunto de maniobras que habrían realizado los jefes junto a estudios de abogados y jueces que tramitaron pedidos de amparo por sueldos mal liquidados, de modo que las escalas salariales quedaron sustancialmente alteradas y fuera del control del gobierno, que los debe presupuestar y liquidar.

La presentación fue hecha por la Secretaría de Cooperación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Camaño, y recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Georgi, quien ya dio vistas al fiscal Guillermo Marijuan.

Entre las anomalías denunciadas figura la continuación del pago de los amparos aún luego de que los fallos fueron apelados y revocados por instancias judiciales superiores.

Las fuentes dijeron que la denuncia fue acompañada con una lista de 6 mil casos detectados durante auditoria realizada en las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad a raíz de la suba exponencial de los amparos registrados.

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