Es a raíz del informe que presentó la funcionaria Angelina Abbona en rechazo a la acusación del fallecido Fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner.
El Fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes denunció este martes a la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por supuesta «malversación de caudales públicos» a raíz del informe presentado por ese organismo en rechazo a la acusación del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.
La denuncia del Fiscal, uno de los organizadores de la «marcha del silencio» por la muerte de Nisman, recayó ante el juez federal Sebastián Casanello y en ella también se acusó a los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament, quienes junto a Abbona presentaron un informe en el que echan por tierra la acusación de Nisman.
«Advierto que la actuación de Abbona, Diez y Pargament importó antes que la defensa de los intereses del Estado Nacional una suerte de ostentación superflua de compromiso militante«, acusó Moldes, fiscal acusado por la Casa Rosada de integrar el llamado «Partido Judicial» con fines destituyentes.
Además, el Fiscal explicó que la Procuración del Tesoro debe defender los «intereses del Estado Nacional» y advirtió que en todo caso las personas denunciadas por Nisman, entre ellas la presidenta Cristina Kirchner, deberían recurrir a defensores particulares o de la Defensoría General de la Nación en caso de considerarlo necesario.
En ese sentido, el Fiscal Moldes denunció que, en pos de defender intereses particulares, se utilizaron recursos de un organismo del Estado, como es la Procuración del Tesoro, que tiene como función brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y organismos dependientes, además de asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio y dirigir su cuerpo de abogados.
Señaló, al respecto, que la denuncia de Nisman no apunta hacia el Estado Nacional, sí en cambio contra funcionarios públicos concretos, entre ellos la Presidenta y el canciller Héctor Timerman.
«De todo esto se infiere que el estudio de la denuncia, la preparación de la invectiva que rechaza su argumentación y su presentación judicial se realizara antes de conocer qué harían las autoridades judiciales llamadas legalmente a resolver sobre el destino de aquella. Ese apuro y esa labor no justificada constituyen un desvío o una distracción indebida de los servicio del Estado Nacional en favor de las personas mencionadas hasta entonces», criticó el fiscal.
Y agregó que en la actuación de Abbona, Diez y Pergament «importó, antes que la defensa de los intereses del Estado Nacional, una suerte de ostentación superflua del compromiso militante, una sobreactuada identificación de subordinación político-partidaria, o tal vez un exceso entusiasta derivado de la devoción personal por alguno de los implicados».
El 13 de febrero pasado, la Procuración del Tesoro había presentado ante el Juez federal Daniel Rafecas un escrito «de carácter institucional aportando los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes» en rechazo a la denuncia formulada por Nisman.
Además de las 68 páginas, el escrito contaba con varios anexos y tuvo por objeto «sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional y los órganos que de él dependen, en relación con el Memorándum de Entendimiento con Irán».
Entre los anexos adjuntados se encontraba el «trámite de extradición de (el exembajador de Irán en la Argentina Hadi) Soleimanpour’; el discurso de la presidenta Cristina Kirchner ante la ONU en 2013; comunicados de Interpol; notas de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Planificación Federal, de Economía, así como también de la Secretaría de Inteligencia; entre otros.
El escrito fue entregado horas antes de que el Fiscal Gerardo Pollicita le diera impulso a la denuncia presentada por Nisman contra la mandataria; el canciller Timerman; el diputado Andrés «Cuervo» Larroque; y los líderes de MILES y Quebracho, Luis D Elía y Fernando Esteche, respectivamente.
El texto en cuestión sostiene que «no existe prueba alguna, siquiera de carácter indiciario que demuestren la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno nacional, susceptibles de se encuadradas en los ilícitos penales» denunciados por Nisman.
