Denuncian que Musa Azar goza de privilegios en una clínica privada porteña

Distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron que el ex represor Musa Azar, quien cumple una condena por el asesinato de un ganadero y el denominado doble crimen de La Dársena, goza de privilegios en una clínica privada en la que permanece internado.

El considerado «temible» Musa Azar, que durante años dirigió la Secretaría de Informaciones y la denominada «Gestapo santiagueña», permanece alojado en el Sanatorio Alberdi, ubicado en la zona norte de la Capital Federal, y fue sorprendido en fotografías, dialogando con empleados y pacientes en la recepción del edificio.

Las organizaciones de DD.HH. denunciaron que el ex represor se pasea por los pasillos y suele llegar a la vereda, sin custodia policial y sin esposas.

En la misma denuncia se hace referencia a que el ex represor ocupa la habitación 3, considerada VIP, con televisor, DVD y aire acondicionado, en la que recibe diariamente visitas de familiares, amigos y camaradas sin horarios.

Musa Azar fue trasladado hace más de tres meses al centro privado de salud, a pedido de sus abogados defensores y a raíz de un cuadro diabético que padece hace bastante tiempo y que, según dijo, se iba a morir «antes de finalizar el juicio oral» por el doble crimen de La Dársena en la que fue condenado a prisión perpetua.

Tras la denuncia de las organizaciones de derechos humanos, el fiscal federal Gustavo Gimena, anticipó que solicitará una junta médica para Musa Azar y en caso de confirmarse que «goza de buena salud» será trasladado a la prisión federal de Colonia Pintos, ubicada a 50 kilómetros al sur de la capital provincial.

El presidente del Instituto Espacio de la Memoria, Luis Garay, denunció hoy que Musa Azar y todos los procesados por delitos de lesa humanidad «deben estar preso en cárceles comunes, con condiciones de seguridad que impidan su fuga».

«Los lugares de detenciones deben estar acordes a los delitos de lesa humanidad por los que están acusados y no deben gozar de privilegios ni de excarcelaciones, porque representa una incoherencia de la justicia», añadió.

Por su parte, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, consideró «una burla» las condiciones en las que Musa Azar permanece detenido y pidió que «sea alojado en prisión, en la que deben estar todos los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad».

La misma organización y el fiscal Gimena, denunciaron la semana pasada al juez catamarqueño Luis Rodríguez Saín por su negativa a integrar el tribunal que debe juzgar a ex represores de la última dictadura militar imputados en el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky.

El presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos, Antenor Ferreyra, indicó que la actitud de Rodríguez Saín «configura una denegación de justicia por parte del fuero federal en Santiago del Estero».

«El magistrado se negó a integral el tribunal, pese a ser notificado e intimado para que asuma el cargo por la Cámara Nacional de Casación Penal y por el Consejo de la Magistratura», explicó.

Se trata de la primera causa de lesa humanidad, elevada a juicio oral por el juez federal Guillermo Molinari, en el que se hallan acusados los ex militares Jorge Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi; los ex comisarios santiagueños Musa Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López, entre otros.

De acuerdo a la instrucción, Kamenetzky, estudiante de abogacía fue detenido el 9 de agosto de 1976, en su céntrica casa de avenida Roca al 1.100 y tras permanecer varios días en el Departamento Informaciones Policiales (D 2), fue alojado en el Penal de Varones de Santiago del Estero.

El 7 de noviembre del mismo año, el joven universitario fue asesinado en un cuestionado intento de fuga o copamiento a una dependencia policial, a la que había sido traslado junto a otro estudiante, Mario Alejandro Giribaldi, quien también figura en la lista de «desaparecidos».

Por el asesinato de Kamenetzky, los ex militares Videla, Bussi y Menéndez y los altos funcionarios policiales provinciales, fueron procesados por los presuntos delitos de «allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas».

Asimismo, se encuentran pendientes de resolución otros procesos judiciales iniciados contra el ex jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar y ex funcionarios policiales, que fueron procesados y embargados sus bienes por «torturas» aplicadas a opositores del ex gobernador Carlos Juárez, antes del golpe de 1976.

Dirigentes de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia, denunciaron que en Santiago del Estero «aún se espera respuestas de la justicia por 144 desaparecidos y 33 querellas».

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