Denuncian que en cárcel bonaerense les cobran “peaje” a las visitas

Unidad-Penal-Nº-39-ItuzaingóSegún la Comisión por la Memoria, en la Unidad Penal 39 de Ituzaingó funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense les exigen dinero en efectivo, atados de cigarrillos o ansiolíticos a quienes concurren a ver a los reclusos.

Funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense «cobran peaje» para permitir las visitas a los internos de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó, a través de sumas de dinero en efectivo, atados de cigarrillos o pastillas de ansiolíticos y aquellos presos que reclamaron frente a estas irregularidades resultaron castigados o trasladados a otras cárceles. La denuncia fue formulada por la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, tras un relevamiento realizado por miembros del Comité contra la Tortura y que derivó en la presentación de un habeas corpus ante un Juzgado de Garantías de los Tribunales de Morón.

En la presentación se hace hincapié en la «grave situación de hacinamiento, abandono y hambre» en esa cárcel de régimen semiabierto, ubicada en el barrio San Alberto del partido de Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires, como así también en los «hechos de corrupción» que se le atribuye al personal y jefes penitenciarios.

Un equipo de profesionales del programa de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) concurrió a la Unidad Penal 39 en los primeros días del mes de agosto para recorrer cuatro pabellones, para concretar un centenar de entrevistas personalizadas con las personas allí alojadas.

«Se relevaron testimonios sobre hechos vinculados al manejo discrecional por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense con las visitas. Según los relatos recabados, esto involucraría a funcionarios de alto rango que cobran el acceso a visitas a cambio de dinero, atados de cigarrillos, o pastillas de Rivotril o Diazepam. Por esta cuestión varios detenidos fueron trasladados y otros reprimidos cuando pretendieron presentar un habeas corpus denunciando esos abusos», se indicó.

«Esta discrecionalidad e impunidad con que se maneja el Servicio Penitenciario es parte de los abusos cotidianos que padecen las personas alojadas en las cárceles bonaerenses«, aseguraron desde el Comité Contra la Tortura de la CPM.

Sobre los resultados de este monitoreo, puntualizaron que en esta cárcel hay una población de 650 detenidos y que «se registran preocupantes condiciones de infraestructura y hacinamiento en todos los lugares recorridos, en los que encontraron entre tres y cinco personas por celda. Esto se combina con falta de colchones, comida en mal estado e insuficiente, pésimas condiciones de higiene y deterioro de la salud de las personas detenidas».

Otra de las cuestiones que se hicieron públicas, tras las inspecciones, es que «el régimen de vida impuesto en el lugar se caracteriza por un aislamiento total de 24 horas, sin acceso al patio, duchas, ni actividades educativas o laborales. Esto se da por tiempo indeterminado y no responde necesariamente a ningún tipo de sanción o medida de seguridad, lo que configura un agravamiento de las condiciones de detención que se constituye en un trato cruel, inhumano y degradante en los términos de la Convención contra la Tortura, tratado de jerarquía constitucional».

Melina Boffelli, directora del programa de Recepción de Denuncias de la CPM, sostuvo que «en los sectores de depósito y cocina se detectaron falta de insumos para completar las comidas diarias, carencia de recursos para elaborar dietas específicas por problemas de salud como insuficiencias gástricas, dietas blandas o alimentación adecuada para pacientes con VIH, diabetes o TBC. Además de la precaria o inexistente limpieza».

«No es necesario aclarar que todos los hechos denunciados constituyen un claro agravamiento de las condiciones de detención de todas las personas alojadas en la Unidad 39, por lo que iniciamos las acciones legales pertinentes», concluyó Bofelli.

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