Daniel García ¿Defensor del Pueblo?

En un nuevo comunicado de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, se hace evidente que Daniel García no está capacitado para el cargo y que carece del personal idóneo para asesorarlo en una importantísima función como es la de la figura de Defensor del Pueblo.

No se trata de subir una foto y mostrar un pedido de pocas líneas que no reviste la calidad técnica y desarrollada que se espera de una institución que debe elaborar dictámenes con fundamento, en lugar de la vaguedad de contenidos y con una recomendación que pondera el trabajo por sobre la salud y la protección del medio ambiente.

Se agrava el breve contenido de la recomendación en cuanto de forma temeraria la Defensoría del Pueblo se dirige al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) solicitando informes que exceden la competencia del Defensor del Pueblo en cuanto no es un órgano superior del OPDS y mucho menos cuando para tal pedido de levantamiento de clausura no funda el pedido en ningún informe al respecto, solo menciona sin descibir en qué consistieron las inspecciones.

Que la firma en cuestión por la que el Defensor del Pueblo de Avellaneda Daniel García solicita el levantamiento, registra varias clausuras por incumplir con las disposiciones vigentes y normativas tanto nacionales como provinciales, normativas que son de carácter obligatoria y de rango constitucional en cuanto se basan en la protección de la salud de los trabajadores, de la población y del medio ambiente. Por cuanto mal representados están los derechos de un trabajador si la condición de trabajo afectará su salud y la de la población.

Que es una falacia iniciar la intervención de la Defensoría del Pueblo por pedido de un trabajador y bajo el argumento de que la clausura afecta la fuente laboral, cuando es la propia firma “Pedro Storm SACIF con CUIT 30-52601008-2 con domicilio en CABA y planta en la calle Salta 238 de la localidad de Gerli, partido de Lanús, la que se encuentra con varios pedidos de concurso y avanzados juicios ejecutivos con pedido de embargo y remate por parte del municipio de Lanús, sin que a la fecha se hayan cancelado las deudas reclamadas, idéntica situación judicial se encuentra entre la empresa y la Fiscalía de Estado, con lo cual, la estabilidad laboral y la fuente de trabajo se encuentra más en riesgo por la empresa que por la sanción impuesta, que no es caprichosa sino en resguardo de la salud, la vida y el medio ambiente.

Más aún la empresa se encuentra en mora en las demandas laborales iniciadas por trabajadores y despedidos donde se le reclama el pago de los peritos como para tener una idea de que se esta hablando.

Resulta de una enorme gravedad institucional que un Defensor del Pueblo actué de forma tan irresponsable sin tener en cuenta la cantidad de denuncias realizadas por vecinos, por los olores nauseabundos y los derrames de fluídos que desde la empresa se realizan.

La recomendación N° 542 de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, confirma de manera contundente, que nuestros concejales hace muchos años, eligen en el cargo de Defensor del Pueblo por conveniencia y acuerdos políticos y no por capacidad para ejercer el cargo.

Un hombre de bien, pediría disculpas por este mamarracho administrativo, veremos qué hace el señor Daniel García, que ya debería evaluar si está rodeado de un equipo de trabajo eficiente.

Como dato curioso en el link de clausuras y levantamientos, no se encuentra información actualizada.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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