Uno de los abogados querellantes que representa la mayoría de las víctimas de la tragedia pidió la detención la ex funcionaria del gobierno porteño Fabiana Fiszbin, según una presentación judicial.
La denuncia fue realizada por el abogado José Iglesias, ante el peligro de fuga de la acusada, porque Fiszbin, condenada a 4 años deprisión, no residiría en el domicilio denunciado en el marco de la investigación, «violando de esa manera las obligaciones impuestas por la justicia».
Por esa razón, el abogado pidió que se «revoque la libertad de la mencionada y se proceda a su detención».
Para el letrado, la ex funcionaria tiene la obligación de «fijar domicilio no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia».
Según el escrito, esta obligación «ha sido infringida por la mencionada».
Fabiana Gabriela Fiszbin tiene registrado como domicilio real, donde residiría y debería estar presente en la calle Aranguren 222, pero el querellante comenzó a advertir alguna irregularidad con esa dirección, cuando en las acciones de daños que tiene instauradas en la Jurisdicción Civil se enfrenta con la imposibilidad de diligenciar las respectivas notificaciones.
En esos expedientes los oficiales de justicia devolvían las respectivas cédulas ya que no hallaban el domicilio.
Como consecuencia de esta situación, el querellante se constituyó en el lugar y comprobó que la chapa identificatoria había sido recientemente retirada.
«A fin de acreditar tal situación y poder identificar el domicilio y destinarle las notificaciones frustradas, tomamos las muestras fotográficas que se adjuntan».
En ellas se reproduce el «detalle de la puerta de entrada a Aranguren 222», que permite observar la marca dejada al despegar la chapa municipal.
«Mas allá de esta huella, con anterioridad quien suscribe había advertido la presencia de la respectiva chapa, ya que el supuesto domicilio de la encartada se halla ubicado a una cuadra y media de nuestro estudio (sito en Eduardo Acevedo 510, esquina Aranguren)», aseguró Iglesias y agregó que: «El retiro de la chapa no fue solamente una actitud elusiva de las consecuencias patrimoniales de la actividad ilícita cometida por la encartada. Esa infracción nos advirtió de una situación más grave».
«En efecto en la sospecha de que la mencionada no está residiendo en dicho domicilio, diversas personas se dirigieron a él, tocando el timbre a fin de requerirla. Los intentos, hechos en distintos días y horas y por personas diferentes, fueron todos infructuosos», dice el escrito.
Como consecuencia de ello se consultó a vecinos, quienes dijeron que la persona identificada como “Fabiana” o con la descripción que de ella se hizo, no vive allí ni ha sido vista en los últimos tiempos, siempre según la presentación.
También, en otras oportunidades, se constituyó en el lugar la querellante Cristina Bernasconi, madre del fallecido Nicolás Landoni, quien habló con una vecina, de nacionalidad coreana, que habita en Aranguren 262, la que enfáticamente le refirió que nadie vive allí y que nunca han visto a la encartada en el lugar.
«Las situaciones descriptas evidencian una clara voluntad obstructiva de la acción judicial, además del propósito de eludir la sujeción jurisdiccional a la que está sujeta su situación de libertad», señaló el querellante.
Fiszbin fue condenada, por lo que “el criterio de apreciación de estas infracciones debe ser particularmente estricto, ya que ellas preanuncian un seguro riesgo de fuga (máxime las manifestaciones de temor a su encarcelamiento puestas de manifiesto en las notas periodísticas dadas en el pasado fin de semana”).
