Lo hizo la Cámara en lo Criminal Federal y la medida recayó sobre esos empleados del personal de rampas que se desempeñaban en Aeroparque. La denuncia había sido iniciada por el presidente de Aerolíneas Argentinas, cuyos pasajeros sufrieron los robos.
La causa, instruida en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo, se inició por denuncia del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, contra los empleados de la empresa Aerohandling S.A., proveedora del servicio de rampas de la aerolínea de bandera.
La resolución de la Sala II de la Cámara recayó sobre Mariano Ariel Santos, Gonzalo Javier Pandule, Osvaldo Jorge Durand Rodríguez, Damián Antonio Gómez y David Ezequiel Guzmán, e incluyó un embargo de 50.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados.
También y por el mismo presunto delito, defraudación contra la administración pública, fue procesado Carlos Alberto Vivaldo, pero la defensa desistió del recurso de apelación.
Recalde había denunciado que se habían detectado “numerosos desapoderamientos” en determinados turnos o vuelos en particular, a la vez que se individualizó a los empleados de Aerohandling S.A. que habrían tenido contacto con los equipajes violados.
Para la Sala II de la Cámara “a esta altura” está “suficientemente demostrado” que los imputados “se habrían apropiado de objetos que se encontraban en el interior de equipajes pertenecientes a pasajeros que viajaban en Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. desde y hacia el Aeroparque Jorge Newbery”.
Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun concluyeron que “las diligencias practicadas y las transcripciones de las escuchas telefónicas permiten apreciar que los involucrados actuaron de manera coordinada, aprovechándose de la ausencia de videocámaras dentro del sector de la aeronave destinado a la custodia de las pertenencias de los pasajeros”.
Según una de las escuchas, Gómez, maletero, le habría ofrecido al supervisor del grupo, Durand Rodríguez, una Victorinox “con funda y todo”.
La participación de los imputados en los hechos ”se ve reforzada al cotejar las actas de allanamientos, especialmente los realizados en sus domicilios particulares”, agregaron Cattani e Iurzun.
