Confirman el proceso y la prisión de los policías federales acusados de proteger un prostíbulo

  Los acusados extorsionaban a los comerciantes de la zona de Belgrano para mantener la vigilancia. El dueño del local estaba vínculado con los efectivos para evitar el inicio de investigaciones y la relación con ellos era tan cercana que visitaban el lugar con frecuencia.

Una Sala de la Cámara del Crimen resolvió confirmar el procesamiento de cinco ex policías acusados de brindar protección a un prostíbulo del barrio porteño de Belgrano y de extorsionar a los comerciantes de esa zona para mantener la vigilancia, informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.

La resolución fue comunicada por la Sala de Feria A, integrada por Carlos Alberto González y Juan Esteban Cicciaro, quienes consideraron que durante la etapa de instrucción se corroboró la «protección exclusiva» por parte de los acusados del local nocturno «Pampita», ubicado en el cruce de Pampa y Figueroa Alcorta del mencionado barrio del norte de la Ciudad.

Según indica la publicación, los policías involucrados son el comisario Héctor Palacio, el subcomisario Leonardo Avallay, el suboficial Pedro Cataldo, el cabo Gonzalo Orbe Carmona y el ayudante Gabriel Damián Nieves, quienes están presos desde el 4 de noviembre de 2016 y se desempeñaban en la comisaría 51ra., situada en la esquina de Artilleros y Juramento.

Además, los magistrados confirmaron el procesamiento del dueño del prostíbulo, identificado como Antonio Chiaradía, y de su ayudante, José Ignacio Daguerre, ambos acusados de gestionar el local y de estar vinculados con los policías para «evitar el inicio de investigaciones» sobre el lugar, pese a las evidencias de que allí «se ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero».

El comunicado del sitio del Ministerio Público Fiscal precisa que los ex efectivos detenidos también fueron acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y falsedad ideológica, mientras que los civiles fueron imputados por facilitación de la prostitución.

Durante la investigación de la causa, que estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli, se determinó que los acusados exigían coimas a los comerciantes de la zona para asegurar la vigilancia del local, por lo que el juez Alberto Baños los imputó por asociación ilícita, al constituir una estructura estable destinada a llevar adelante una pluralidad de planes delictivos, lo que fue ratificado por la Sala de Feria.

Según las denuncias y la investigación de Campagnoli, aquellos negociantes que se negaban a pagar la suma fija que les exigían habrían sido víctimas de robos.

En tanto, los voceros judiciales agregaron que en el expediente de la causa figuraba que Chiaradía conformó un espurio pacto con los policías y que su relación era tan cercana que hasta numerarios de la comisaría se hacían presentes en el prostíbulo con habitualidad y retiraban botellas de champaña y bebidas energizantes para el jefe de la dependencia.

La causa se inició a principios del 2016 a raíz de una denuncia presentada en la fiscalía de Campagnoli por la dueña de un restorán del barrio, quien acusó a los dueños del prostíbulo y a los efectivos de la seccional por la actividad que estaban desarrollando.

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