El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín juzgará a partir de este martes por crímenes de lesa humanidad, a dos ex militares que durante la última dictadura se desempeñaron en la Guarnición Militar de Campo de Mayo.
Los acusados son el entonces teniente primero de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, Eduardo Alfonso, de 69 años, y el ex capitán del departamento de inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader, de 72.
Según informa el portal del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con las pruebas, ambos fueron integrantes de grupos de tareas del centro clandestino de detención «El Campito», que funcionaba dentro del predio.
El debate estará a cargo de las juezas Marta Milloc y Marcela Rodríguez y del juez Diego Barroetaveña. Intervendrá el fiscal general ante ese tribunal, Marcelo García Berro.
Alfonso y López Fader llegan a juicio en causas diferentes. El primero, que estuvo prófugo durante varios años, está acusado de los homicidios calificados de la pareja compuesta por Antonio García y Beatriz Recchia, de la privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional y de los tormentos agravados a esta última y de la privación ilegítima de la libertad de la hija de ambos, Juliana Inés García, quien al momento de los hechos tenía tres años de edad. La imputación también incluye el delito de allanamiento ilegal al domicilio donde vivía la familia.
Los hechos
Los hechos imputados a Alfonso sucedieron en la madrugada del 12 de enero de 1977, cuando formó parte de un procedimiento ilegal -según consta en una condecoración que recibió- que atacó el domicilio de las víctimas en la calle Independencia 1940 de la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro.
Alfonso recibió una medalla de «Herido en Combate» por su participación en el procedimiento ilegal perpetrado contra la familia García – Recchia.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Miguel Blanco García Ordas y Hugo Alfredo Bogetti, el grupo represivo «irrumpió violentamente» y «se produjo un enfrentamiento armado entre un grupo de personas pertenecientes a las fuerzas armadas y los ocupantes de la vivienda en el que perdió la vida Domingo Antonio García» y fueron secuestrados Recchia -que transitaba un avanzado embarazo- y la niña.
Tras el operativo, García fue inhumado como NN en el cementerio de Boulogne, mientras que Recchia -quien permanece desaparecida- fue confinada en «El Campito», donde fue vista con vida al menos por dos sobrevivientes. En ese lugar dio a luz a una niña, a la cual le fue sustituida la identidad y permaneció desaparecida hasta 2009, cuando se convirtió en la nieta restituida número 97. En tanto, Juliana, entonces de tres años, fue entregada horas después del operativo a su abuela materna por el personal de la comisaría de Villa Adelina.
De acuerdo con la acusación fiscal, Alfonso recibió una medalla de «Herido en combate» por su actuación durante ese procedimiento. Está probado, señalaron los fiscales, que «impartía órdenes y ponía a disposición los medios necesarios para la comisión de los delitos investigados» y que tuvo participación en los hechos tanto como autor mediato como directo, pues «en algunos de los delitos configurados en el caso él mismo fue quien los cometió de propia mano», dado que «participó del ataque con armas de fuego que terminó con la vida de García».
El caso de la beba nacida en cautiverio y luego sustraída y apropiada forma parte del objeto del juicio oral y público que comenzó el lunes pasado en la Capital Federal al ex jefe del Comando de Institutos Militares con asiento en la guarnición de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, y al ex jefe del Servicio Clínica Médica del Hospital Militar que funcionaba en aquella dependencia, Raúl Martín.
Que parezca un accidente
Por su parte, López Fader -quien fue detenido en marzo del año pasado- llega acusado a esta instancia de la privación ilegal de la libertad agravada, la aplicación de tormentos agravados y el homicidio del ex diputado Diego Muniz Barreto y por los mismos delitos y la tentativa de homicidio contra su colaborador, Juan José Fernández, en una sucesión de hechos que ocurrieron entre febrero y marzo de 1977.
Las dos víctimas -detenidas ilegalmente el 16 de febrero- se encontraban secuestradas en «El Campito» desde el 18 de febrero. El 6 de marzo fueron sacadas por un grupo de represores con el objeto de asesinarlas.
Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández fueron adormecidos y luego subidos a un auto que fue arrojado al Río Paraná.
De acuerdo con la acusación, López Fader fue parte del grupo que retiró del Comando de Institutos Militares de la Guarnición Campo de Mayo a las dos víctimas -donde fueron llevadas desde el centro clandestino- y los trasladó hasta el kilómetro 126 de la Ruta Nacional 18, a orillas del Río Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
En ese lugar, según los elementos de prueba, el imputado y otros integrantes de grupos operativos le aplicaron a Muniz Barreto y a Fernández un tranquilizante para adormecerlos, los introdujeron en un Fiat 128 propiedad de Fernández y luego arrojaron el vehículo al río para terminar con sus vidas, simulando un incidente de tránsito.
Muniz Barreto murió ahogado. La dosis inyectada a Fernández, de gran contextura física, no llegó a dormirlo, aunque la víctima simuló estarlo. De esta forma, logró escapar del auto y sobrevivir. Luego fue hallado por la policía, a quienes contó que había sufrido un accidente para evitar caer nuevamente en las manos de quienes lo habían secuestrado, torturado e intentaron matarlo. La justicia lo condenó por el «homicidio culposo». Fernández declaró lo que había ocurrido realmente ante un escribano en Argentina y luego se exilió en Europa, donde murió años después.
