Las subas de las tarifas podrían llegar en algunos casos hasta el 200 por ciento si se considera que las empresas venían denunciando un “atraso tarifario” de hasta el 166 por ciento incluso con subsidios. No afectará a los vehículos particulares.

El Gobierno le quitará los subsidios a los peajes de las rutas nacionales desde el 1 de febrero próximo para el transporte público de pasajeros, según publicó hoy el Boletín Oficial.

La decisión oficial traerá aparejada una suba de la tarifa para los miles de micros que transitan todos los días por rutas nacionales, pero no registrará impacto en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

A su vez, el aumento en el costo de los viajes -por el aumento en los peajes- podría forzar una suba en los pasajes de micros de mediana y larga distancia.

Las subas de las tarifas podrían llegar en algunos casos hasta el 200 por ciento si se considera que las empresas venían denunciando un “atraso tarifario” de hasta el 166 por ciento incluso con subsidios.

A fines del año pasado, las firmas concesionarias presentaron sus planteos al Gobierno por medio de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y allí solicitaron autorización para subir las tarifas entre un 48 y un 166 por ciento.

 En esa misma presentación, las empresas reclamaron una renegociación contractual con el Estado y la actualización de los subsidios que ahora la administración de Cristina Kirchner decidió eliminar.

A través de la resolución 140/2012, el administrador general de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, le pidió a las empresas concesionarias que elaboran y presenten ante su organismo los nuevos cuadros tarifarios.

La medida afectará desde este miércoles a las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 5, 188, 7, 8, 36, A- 05, 19, 38, 34, 5, 12, 16, 34, 9 y 33, según la resolución firmada por Periotti y publicada este lunes.

Las rutas nacionales que ya no contarán con subsidios para el transporte público de pasajeros son controladas por grandes constructoras como Roggio, Iecsa, Isolux y Cartellone.

Asimismo, otras arterias nacionales clave son administradas por compañías como Esuco, América (de Eduardo Eurnekian), Electroingeniería, Petersen (de la familia Eskenazi) y CPC, del empresario Cristóbal López.

La Jefatura de Gabinete creó un área especial dedicada al monitoreo de los medios y le asignó importantes partidas y 40 contratos en los últimos meses, para ocupar los puestos de los operadores, en su mayoría jóvenes del sector kirchnerista de La Cámpora.

El Gobierno creó un área específica para revisar el contenido de diarios, portales web, emisiones de radio y televisión . La Dirección de Seguimiento y Monitoreo -así se llama la nueva estructura- funciona dentro de la Jefatura de Gabinete y no está vacía: en los últimos tres meses, el Boletín Oficial consignó la contratación de 40 personas  para que se dediquen a controlar lo que se publica sobre el Gobierno.

“Efectuar la evaluación, seguimiento y monitoreo de las emisiones vinculadas con la comunicación oficial”, es una de las principales funciones de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica, tal como figura en la decisión administrativa que le dio origen.

Para realizar ese trabajo, el Gobierno contrató a 40 personas para que hagan seguimiento y monitoreo de televisión, radio, portales web y medios gráficos.

La mayoría de los que cumplen esta función son menores de 30 y militan en la agrupación juvenil kirchnerista La Cámpora.

El máximo responsable de esa área es el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien la tenía bajo su mando incluso antes de llegar a su actual puesto, cuando era Secretario de Comunicación Pública.

Al frente de la tarea se encuentra Juan Buono, que integra el círculo íntimo del diputado Andrés Larroque, secretario general de la organización K. El diario Clarín, denunció que cuando  llamó a Buono para preguntarle en qué consistía su trabajo, el director de Seguimiento y Monitoreo respondió: “No es un diario con el que tenga ganas de hablar. No tengo nada contra vos pero no tengo ganas de hablar con el medio”.

La Secretaría de Comunicación Estratégica se volvió un organismo inasible. Está en un proceso de reestructuración y aún no saben en qué esfera del organigrama quedará. Sí es seguro que seguirá en manos de Abal Medina. Mientras tanto, “los chicos” que realizan el seguimiento de medios mudaron su oficina desde la Casa Rosada a la Jefatura de Gabinete, en la avenida Julio Roca.

El Poder Ejecutivo ya contaba con una Dirección de Seguimiento y Monitoreo que se encargaba de relevar lo que publicaban los medios, incluso desde antes de que llegaran los Kirchner al poder.

Tradicionalmente, era una tarea de la Dirección General de Prensa y Comunicación , que confeccionaba un resumen de lo publicado y distribuía el resultado de ese “clipping” entre los funcionarios. Eso todavía se sigue haciendo. Lo nuevo es esa estructura paralela construida por Abal Medina y colonizada por La Cámpora.

Una fuente de la Secretaría de Medios reconoció según Clarín  que no sabe específicamente qué tipo de monitoreo hacen desde la Subsecretaría de Comunicación Estratégica pero señala que quien la maneja es el actual subsecretario de Comunicación Pública, Rodrigo Rodríguez.

El ex novio de la diputada Victoria Donda, “Rodra”, es la mano derecha del “Cuervo” Larroque y amigo de Buono. Los tres se conocieron en el Nacional de Buenos Aires. Veinte días después de haber sido designado como Director de Fortalecimiento de la Democracia, en 2009, Larroque los llamó para que trabajen junto a él. Desde entonces compartían espacio en la gestión, hasta que Larroque fue electo diputado.

La obsesión del ex presidente Néstor Kirchner por los medios ya había hecho que en su gobierno creciera el seguimiento de la información publicada. La revista Noticias dio cuenta en 2006 de que, en la Casa Rosada, funcionaba la Unidad del Sistema Informativo de la Nación Argentina (USINA) en la que 60 personas preparaban cuadernillos de más de 100 hojas con las noticias diarias para los principales funcionarios.

Cristina mantiene esa tradición. Los gordos tomos ahora superan las 300 páginas y suelen abrir con las notas de Tiempo Argentino y Página/12. Al final, ubican los artículos de La Nación y Clarín , en ese orden. Llama la atención el título que le pusieron a estos informes, puesto que según la Real Academia Española, usina es un “medio que genera informaciones no confirmadas y tendenciosas”.

Más allá de la forma en que algunos medios informan al respecto, a fuerza de ser objetivos, son muchos los países en el mundo que cuentan con oficinas con funciones similares, algunos incluso contratan a empresas privadas o universidades para dicha tarea. El tiempo dirá si su funcionamiento es meramente informativo o si es una herramienta más para controlar la información que se difunde.

El Jefe de Gobierno decretó vetar un proyecto del fallecido legislador PRO Gerardo Ingaramo que establecía brindar un subsidio de 50.000 pesos a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina por cuestiones presupuestarias y políticas. La falta de presupuesto, el argumento de Macri. También dio marcha atrás a la realización del Congreso Pedagógico en la Ciudad.

El Jefe de Gobierno sigue dando rienda suelta a sus vetos. En esta ocasión sorprende con el decreto 50/12 mediante el cual decidió vetar la Ley 4094 que proponía brindar a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) un subsidio de 50.000 pesos, un importe menor en comparación a los voluminosos números que se manejan en la Ciudad.

En los argumentos para dar marcha atrás a la voluntad legislativa de convertir en ley un proyecto del fallecido legislador PRO Gerardo Ingaramo, Macri señaló problemas presupuestarios para poder implementar el subsidio, y razones políticas.

 “El Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) no dispone en su partida presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente al subsidio en cuestión”, expresa el decreto.

Asimismo, el Jefe de Gobierno destacó que es política de su Gobierno “otorgar subsidios tendientes a promover la implementación y ejecución de planes y proyectos de las distintas organizaciones de la sociedad civil que requieran de apoyo financiero para tales fines, y no para solventar gastos comunes y de administración”, como los que presenta ASDRA.

 “A su vez, no se han acreditado las razones que podrían justificar la entrega diferencial de un subsidio a la referida Asociación, por lo que no resulta conveniente otorgar únicamente un beneficio de este tipo a una entidad en desmedro de muchas otras organizaciones de la sociedad civil que también llevan adelante actividades de colaboración con el rol estatal sobre la temática. Que en atención a la vigencia y operatividad de dicho Programa, se considera oportuno que la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina formule un proyecto para las convocatorias que anualmente se realizan, garantizándose de esta forma el trato igualitario a toda institución que pretenda resultar beneficiaria de un subsidio, y evitándose violentar el principio de igualdad con el que deben ser consideradas la totalidad de las organizaciones civiles”, continúa el decreto de Macri.

El proyecto de Ley en cuestión se aprobó en la sesión ordinaria del 1º de diciembre de 2011 y establecía que el subsidio serviría para que ASDRA “pueda afrontar los gastos demandantes de la organización y ejecución de las labores sociales que lleva adelante”.

El proyecto que vetó Macri también obligaba a “la entidad beneficiaria a presentar un informe final con la justificación de los gastos, a los efectos de verificar el ingreso y destino de los fondos asignados con los correspondientes comprobantes ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

OTRO VETO

En el Boletín Oficial de este viernes también se publicó el decreto 53/12 mediante el cual el Jefe de Gobierno vetó la Ley 4119 que convocaba a la realización de un Congreso Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires, a efectuarse con la más amplia participación de todos los niveles de enseñanza de gestión pública y privada, estudiantes, padres, cooperadoras escolares, docentes, vecinos, asociaciones gremiales vinculadas a la temática educativa y los gremios a los que ingresen los graduados, los estudiosos del quehacer educativo, los partidos políticos, las organizaciones y movimientos sociales y a todas las personas que tengan interés en la temática.
Macri consideró que dicho proyecto podría tener como consecuencia que “la implementación de los Talleres -y del Congreso mismo- atente contra la agenda educativa y el cumplimiento de los ciento noventa (190) días de clases previstos por acuerdos federales para el año 2012″.
Asimismo, el titular del Ejecutivo porteño destacó que el proyecto de Ley disponía que el Vicepresidente 1° de la Legislatura de la Ciudad dispondría los mecanismos administrativos de implementación y coordinación del Congreso Pedagógico con el Poder Ejecutivo y otros organismos, y que esa es facultad suya.

Fuente:Noticias Urbanas

Por Gabriel D´Angelo

La decisión del gobierno se toma en un intento de calmar el reclamo de la ciudad por el traspaso de los fondos para la administración de los efectivos policiales.

El ministerio de Seguridad Nacional anunció que por un pedido del gobierno porteño decidió retirar los agentes de la Policía Federal de los subtesde Buenos Aires en dos pasos: primero sacarán a 40 efectivos, y luego, el primero de marzo, completaran el retiro de los 250 agentes.

De esta manera, la cartera intentó calmar las aguas tras su abrupta decisión de no custodiar las 78 estaciones del subterraneo de la ciudad de Buenos Aires.

La decisión había sido comunicada anteayer por la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, a su par porteño, Guillermo Montenegro, que a su vez le pidió una prórroga que permita encontrar la forma de reemplazar esa fuerza. Todo el diálogo ocurrió por carta, en sintonía con la relación distante que mantienen ambas administraciones.

Hoy, nuevamente mediante un comunicado, el ministerio de Seguridad informó que “se decidió comenzar un proceso ordenado de traspaso de las responsabilidades de vigilancia”.

Se dio a conocer que “el primero de febrero se desafectaran sólo a los 40 agentes de la Policía Federal que realizan servicios ordinarios en los subtes, mientras que el resto de los agentes -que cumplen servicios adicionales- será retirado el primero de marzo”.

Según el Ministerio, ellos informaron el 20 de enero por nota al gobierno porteño  “que los 250 efectivos de servicio ordinario y adicional de la fuerza policial federal que se desempeñaban en las estaciones de los trenes subterráneos serían retirados a partir del 1 de febrero, los que serán asignados para fortalecer el operativo Tren Alerta”.

La seguridad del subte, sobre la que existen permanentes quejas de los usuarios, sobre todo por la presencia de arrebatadores, está a cargo de unos 800 efectivos federales, que serán reasignados a tareas de vigilancia en las calles, donde son más visibles.

La decisión está vinculada con el reciente traspaso del subte a la Ciudad y sorprende por lo exiguo del plazo. Ayer, el gobierno porteño confiaba en lograr una prórroga hasta fin de febrero, pero fuentes del gobierno nacional dijeron que no habrá marcha atrás.

El antecedente inmediato

El 5 de abril del año pasado, la Policía Federal informó al gobierno porteño sobre la suspensión de los servicios adicionales que prestaba en 114 edificios de la Ciudad, como hospitales, centros de salud, ministerios, plazas y algunas escuelas.

También mediante un comunicado, el jefe de esa fuerza de seguridad informó sobre esa rescisión del contrato con el gobierno porteño, algo que generó una fuerte controversia con las autoridades porteñas. A través de una nota firmada por el comisario Capdevila y dirigida a Macri y al ministro Montenegro, se indicó que “por directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación” se iba a rescindir el “acuerdo suscripto el 7 de septiembre de 2006″.

Así se hizo, pero en el camino hubo un intenso debate, con serias acusaciones: “Es una provocación, un acto que por una cuestión política de tinte electoral afecta a los vecinos y vecinas que van a un parque público. No pueden tomar esta decisión de un día para el otro”, había dicho Eugenio Burzaco, entonces jefe de la Policía Metropolitana.

Al final, la Ciudad tuvo que contratar servicios adicionales de seguridad privada para cubrir las vacantes que dejó la fuerza federal. Ese servicio privado no pudo hacer nada durante el asalto de barrabravas de Nueva Chicago al Hospital Santojanni, la semana pasada.

El 11 de marzo pasado, la ministra Garré también decidió retirar a la Policía Federal del interior de las entidades bancarias porteñas

La funcionaria abarcará el Reino Unido e Irlanda del Norte. Por su parte, el Gobierno británico se mostró satisfecho por la designación de la nueva representante argentina, quien ya había ocupado el mismo cargo en Venezuela hasta diciembre de 2011.

Lo ordenó la titular del ministerio, Nilda Garré, con la intención de que se investigue la actuación de los efectivos que participaron en el crimen de un muchacho de 18 años y del ataque a tiros a otro joven que evadió un control policial. En la investigación interviene Gendarmería.

“A los efectos de analizar las circunstancias en las que se produjeron los hechos y evaluar el comportamiento del personal policial, la ministra Garré ordenó la conformación de una comisión integrada por la Subsecretaría de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada, de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales y Seguridad y de la Dirección de Derechos Humanos“, explicó el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado.

El primero de los casos ocurrió el sábado pasado y la víctima fue identificada como Jon Carlos Camafreita (18), quien recibió un balazo en la cabeza y murió en las últimas horas tras agonizar durante cuatro días en un hospital; por ese crimen fue detenido el cabo Martín Naredo, quien prestaba servicios en la comisaría 8a.

“Por instrucción de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, se inició sumario y se pasó a disponibilidad al cabo Naredo y se puso en disponibilidad preventiva al ayudante Juan Carlos Moreira, oficial a cargo del móvil que intervino esa noche en los disturbios que culminaron con la muerte de Camafreita“, señaló la nota del Ministerio.

El segundo episodio se produjo ayer, cuando un joven llamado Facundo Reyes recibió un balazo en un brazo tras evadir un control vehicular y resistirse a ser detenido en el barrio Santa Rita. En este episodio también resultaron heridos tres agentes de la PFA.

Por estar involucrados efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería nacional investiga los hechos mencionados como auxiliar de la Justicia, se subrayó desde la cartera de Seguridad.

Se trata de Sergio Luis Ochoa, jefe de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos, quien fue uno de los responsables del operativo desplegado en la Legislatura el día de la asunción de Daniel Scioli. Será investigado y podría ser separado definitivamente del cuerpo policial de la provincia.

La medida fue decidida por la Auditoría General de Asuntos Internos que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien ordenó que el comisario Ochoa sea investigado para determinar su grado de responsabilidad en el operativo que terminó con graves incidentes el pasado 12 de diciembre durante el acto de jura del gobernador bonaerense, y podría llegar a ser separado definitivamente de la fuerza.

Además de Ochoa, hay otros 6 efectivos de la Policía Bonaerense que fueron separados del cuerpo, y que también están siendo investigados. Se trata de Walter Revolero, Raúl Molina, Leonardo Dos Santos, Alejandro Barrios, Daniel Maidana y Fernando Louver.

Según publica hoy el diario platense El Día, Ochoa habría sido el máximo responsable del operativo desplegado en la Legislatura, y de las declaraciones que los efectivos separados efectuaron ante Asuntos Internos, surgiría que fue él quien dio la orden a Revolero, a cargo de uno de los grupos de Infantería, de apostarse en las escaleras centrales del edificio e impedir el paso de militantes hacia los palcos superiores.

La misma versión habrían dado los empleados del Senado bonaerense, quienes además habrían indicado que Ochoa dispuso la presencia de efectivos de la Infantería dentro del edificio, cuando lo habitual es que se encargue de la custodia del cerco perimetral.

El pasado 12 de diciembre, día de la asunción de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto al frente del Ejecutivo provincial, un grupo de militantes de La Cámpora intentaron ingresar al recinto, momento en el que chocaron con efectivos de Infantería quienes, aseguraron, tenían la orden de impedir el ingreso.

Por ese motivo, el gobernador dispuso la separación de varios efectivos de la fuerza, lo que generó, días después, una protesta de integrantes del cuerpo que culminó ante la intervención del ministro de Seguridad, Ricardo Casal.

]]> http://www.elsindical.com.ar/notas/separan-a-un-jefe-de-la-bonaerense-por-los-incidentes-con-la-campora/feed/ 0 http://www.elsindical.com.ar/notas/vacantes-ilimitadas-por-genero-en-fuerzas-de-seguridad/ http://www.elsindical.com.ar/notas/vacantes-ilimitadas-por-genero-en-fuerzas-de-seguridad/#comments Wed, 25 Jan 2012 19:26:55 +0000 admin http://www.elsindical.com.ar/notas/?p=20750 La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales a prohibir la limitación de vacantes por género para el ingreso a los institutos de formación y reclutamiento.

Mediante la resolución 016/2012, se ordenó a los jefes de la Policía Federal Argentina, de la Prefectura Naval Argentina, de la Gendarmería Nacional y al director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizar las reformas edilicias necesarias a estos fines.

Con ese fin, el ministerio de Seguridad creó el Grupo de Trabajo para el Estudio de las Condiciones de Acceso (GTECA), Permanencia y Progreso de Mujeres y Varones en el ámbito de las fuerzas policiales y de seguridad, que la coordinará la dirección Nacional de Derechos Humanos del ministerio de Seguridad, a cargo de Natalia Federman.

El vice fue interpelado en  pleno Recoleta por los recortes a la administración pública. Ante la sorpresa, se escabulló en un selecto local de  indumentaria.

La presidencia interina parece no cerrar de la mejor manera para Amado Boudou. A las imágenes en la playa, mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se recupera de su operación de tiroides, se suma un fortuito e incómodo episodio que lo pone en el centro de la escena junto a empleados de ATE del Fondo Nacional de las Artes (FNA).

Todo ocurrió en el barrio porteño de Recoleta, en plena Avenida Alvear, a pocos metros del Park Hyatt Hotel y de la Secretaría de Cultura de la Nación, área de quien depende el FNA. Tres empleadas de ese organismo se toparon con el ex ministro de Economía, que descendía de su automóvil.

De acuerdo con el relato de la delegada gremial del FNA, Graciela Guarido, “las compañeras se presentan como empleadas públicas y le preguntan qué iba a pasar con su salario porque estaban viniendo de una asamblea donde enteraron de que estaban reduciendo (los sueldos)”. Ante la pregunta, la salida del vice fue inesperada. Boudou “dijo desconocer cualquier medida que implicara que estuviera en riesgo el salario de los estatales”, relató Guarido en Radio Mitre. Según la sindicalista, Boudou intentó desligarse del tema, al sostener: “Yo soy tan empleado público como ustedes”.

El encuentro no terminó allí. Según la versión de las tres mujeres, una de ellas habría extraído un celular para tomarle una fotografía al vicepresidente, pero éste “se lo arrebató, se lo bloqueó y luego vino la custodia y lo metió adentro de un local” comercial de la marca Cardon, ubicado a una cuadra.

El reclamo se centra en el recorte salarial dispuesto por decreto para ciertos empleados de la administración pública. Según los sindicalistas, el Estado no pagó un incentivo que cobran desde hace unos cinco años, ni tampoco el bono de fin de año que perciben desde hace quince.

Igual, el gobernador santafesino confirmó que las ruedas eran de esa cartera nacional.

El gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, buscó ponerle punto final a la polémica con la Nación por el hallazgo a la vera de una ruta de su provincia de 450 kilogramos de marihuana dentro de una camioneta con inscripciones del Ministerio de Desarrollo Social.

En línea con las aclaraciones que hizo la cartera que conduce Alicia Kirchner, el gobernador afirmó que esa combi “no es del Ministerio de Desarrollo Social”sino que solamente “tenía el logo de Desarrollo Social”. “Por eso no estamos acusando a la Nación, de ninguna manera”, sostuvo en declaraciones a radio Dos.

El gobernador confirmó sin embargo que habían encontrado “algunos comprobantes de una compra de neumáticos a nombre de Desarrollo Social, lo que no quiere decir que sea Desarrollo Social. Que investigue la Justicia, para eso está”.

Y negó que hubiera sospechas sobre la cartera que conduce la cuñada presidencial: “No es sospechoso, porque no se puede sospechar a un ministerio porque haya un tercero, alguien que ha tenido una tercerización de un vehículo que está a nombre de otra empresa y que está prestando un servicio para la Nación”.

Bonfatti defendió así a su ministro de Seguridad, Leandro Corti, quien “no dijo más de lo que dije yo, que los neumáticos estaban a nombre del Ministerio de Desarrollo Social en una factura que se encontró dentro de la guantera”.

La camioneta Mercedes Benz Spring fue hallada abandonada el domingo en Santo Domingo, Santa Fe, a la altura del kilómetro 42 de la ruta provincial 4. Llevaba 26 bultos con casi 500 ladrillos de marihuana. La policía santafesina cree que el conductor se durmió y terminó en un zanjón. Y al no poder rescatar la camioneta la abandonaron.

Se encontró también una cédula verde que indicaría que el vehículo pertenece a la empresa DDC SRL con domicilio en Banfield.

Desarrollo Social deslindó cualquier vínculo y en un comunicado expresó que la combi estaba “ploteada con leyendas burdamente falsificadas”, y que no pertenecía ni había sido contratada por el Ministerio. Y criticó a Clarín , que dio la noticia, y al ministro de Seguridad provincial por “falta de rigurosidad” por las declaraciones que hizo. Desarrollo Social se presentó como querellante en la causa que lleva adelante el juzgado federal 2 de Santa Fe. En esa oportunidad el jefe de policía de la provincia, Comisario Hugo Tognoli, dijo que “creemos que el conductor se durmió y terminó en un zanjón. Como no pudieron sacarla, el conductor fue rescatado por otros vehículos y huyó”.

Fuente:Clarín