El juez que condenó a Miguel Etchecolatz presentó un escrito en el Consejo de la Magistratura como defensa en el juicio con el que buscan destituirlo. Resaltó la intención de frenar los juicios por crímenes de la dictadura.
En defensa por las acusaciones del gremialista Julio Piumato que datan de seis años atrás y que se reactivaron tras la presión mediática, el juez federal Carlos Rozanski presentó ayer un escrito al Consejo de la Magistratura de la Nación exponiendo la operación organizada entre los medios corporativos, sectores del Poder Judicial orgánicos al macrismo y el sindicato de judiciales. En ese texto explicitó el motivo del reflote de la avanzada del gremialista después de tantos años: la intención de sabotear los juicios de lesa humanidad en los que están implicados civiles y empresarios.
El puntapié para la reaparición de la causa por supuesto “acoso laboral” de Rozanski a los empleados judiciales lo dieron los periodistas Jorge Lanata y Romina Manguel en el programa Periodismo para Todos, el 24 de julio. Ese punto de partida luego fue articulado entre “el Sr. Julio Piumato y el Representante del PEN en la CDA, Consejero Dr. Juan Bautista Mahiques”, dijo Rozanski, y agregó: “en obediencia debida al Presidente de la Nación. Antes de ese programa, los expedientes tramitados estaban archivados”.
“¿Cómo puede resucitarse un expediente administrativo/disciplinario respecto del que el propio Presidente de la CDA frustra su tramitación y deja abandonado?”, se preguntó Rozanski.
En el programa, Lanata y Manguel difundieron que el Poder Ejecutivo planeaba echar antes de fin de año a tres jueces federales: además de él, a Daniel Rafecas y a Eduardo Freiler. El punto que une a los tres jueces es que participaron de la causa por Papel Prensa, que apunta directamente al multimedia Clarín.
“Esta vez debo enfrentar una situación nunca antes vivida. Periodistas inescrupulosos al servicio de intereses espurios de medios de comunicación hegemónicos han anunciado públicamente el 24 de julio del corriente año que el Poder Ejecutivo Nacional había ‘decidido echar’ a tres jueces antes de fin de año y que tenía los nueve votos necesarios en el Consejo de la Magistratura”, escribió Rozanski.
Dos semanas después, el representante del Poder Ejecutivo de la Nación en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, impulsó la denuncia de Piumato. Esas acusaciones no tienen hechos nuevos, “son un ‘refrito’ de las denuncias previas intentadas por Piumato. Lo único novedoso que tienen las presentes actuaciones es su estrecha correspondencia, temporal y de objeto, con el anuncio del periodista Lanata”, refirió Rozanski.
En su defensa, el titular del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata, que condenó al represor Miguel Etchecolatz, al cura Christian Von Wernich, y que realizó los juicios de La Cacha, Circuito Camps y la Unidad 9, consideró que su defensa “radica en que la Comisión de Disciplina y Acusación (del CM), con nueva integración a los efectos de resolver el presente, en función de los planteos de excusación y recusación, dicte la providencia de nulidad total, absoluta, insanable y manifiesta, disponiendo el archivo de estas actuaciones, mal iniciadas y peor tramitadas, con grave lesión a los derechos y garantías, constitucionales y convencionales, esgrimidas por mi parte”.
Los intentos de “saboteo” de Piumato en el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados por Rozanski ocupan un buen tramo del texto presentado. El líder de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación se presentó personalmente en las puertas del tribunal platense, el 2 de diciembre de 2010, y mediante amedrentamientos y acompañado por patotas buscó entorpecer los debates en la causa de la Unidad 9, que despertó su particular resistencia.
Rozanski denunció que Piumato haya empapelado los alrededores del tribunal con leyendas que agraviaban su nombre. Lo mismo hacía con los empleados y funcionarios judiciales. “No es casual que cada vez que se iniciaba uno de los juicios aparecían sus secuaces con ataques feroces para desestabilizar y afectar la tranquilidad necesaria para este tipo de actividad”. Uno de sus secuaces, señala Rozanski, es Gregorio Spina, militante del movimiento de Luis Abelardo Patti, actualmente condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Rozanski también apuntó a las reiteradas amenazas recibidas en su tribunal, que generaron la intervención de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados (Gabriela Knaul), y la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Margaret Sekaggya).
Por último, el juez federal transcribió una carta de empleados y funcionarios de su tribunal dirigida a la agencia Telam, de mayo de 2011, en la que dicen: “nos encontramos en condiciones de afirmar que no compartimos ninguno de los agravios incluidos en la denuncia –de la que no formamos parte y estimamos falsa–, introducida por la Unión de Empleados. De contrario, podemos dar fe de una actividad laboral comprometida y desarrollada cordialmente en la cual jamás hemos sido acosados o maltratados laboralmente por parte del Dr. Rozanski, ni hemos presenciado situaciones semejantes”.
Por Alejandro Palladino
Fuente: Contexto
