El Camarista criminal Martín Vázquez Acuña dijo que, tal como está planteada, «la guerra contra las drogas» constituye un rotundo fracaso y reclamó soluciones que contemplen la asistencia integral de los usuarios.

Esos aportes, dijo el jurista, deben apuntar a generar políticas de verdadera inclusión social y laboral, en una misma línea con el documento de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas y Derechos Humanos, integrada por intelectuales y tres ex-presidentes.

El Juez, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nueve, analizó el «Documento de magistrados latinos sobre la política pública en materia de drogas y derechos humanos», plasmado en la «Declaración de Roma 2011» que suscribió, entre otros, junto a la Fiscal y profesora universitaria Mónica Cuñarro, y la Jueza de Morón Graciela Angriman.

Vázquez Acuña denunció el fracaso de la denominada guerra global contra las drogas por las gravísimas consecuencias provocadas para los individuos y la sociedad en el mundo entero, y sostuvo que «las reformas legislativas penales, y la sobre utilización de la legislación de emergencia, sólo han aumentado los nichos de corrupción.

El jurista se refirió a las conclusiones de los magistrados latinos que suscriben, entre otros, Rubens Roberto Casara y José Henrique Rodrigues Torres, de Brasil; Antinio Cluny y José Pedro Baranita, de Portugal; y Piergiorgio Morosini, Carlo Renoldi, Francesco Maisto, Guiseppe Cascini, Tiziana Coccoluto, jueces de distintas instancias de Italia.

Las reformas legislativas penales, y la sobre utilización de la legislación de emergencia, sólo han aumentado los nichos de corrupción en estamentos políticos, judiciales y sobre todo de las fuerzas del orden y prevención en los últimos 30 años, en desmedro de las políticas socio-sanitarias y las garantías que todo estado de derecho debe defender», se afirma en ese documento.

Allí los magistrados latinos critican la aplicación del prohibicionismo absoluto a un fenómeno tan complejo y estiman que el enfoque debería ser flexible a todo tipo de políticas sociales, educativas, sanitarias, laborales, sin discriminar a ninguna alternativa posible.

En ese sentido recordaron los buenos resultados en Canadá, Portugal o Uruguay que debería hacer reflexionar a las máximas autoridades políticas sobre la gravedad de punir pequeñas conductas de consumo»; al tiempo que indicaron que la legislación de emergencia en materia de drogas que se ha aplicado en los últimos 20 años viola el principio de legalidad, creando figuras de dudosa constitucionalidad, que afectan el principio de defensa».

Los principios de lesividad y de proporcionalidad de las penas para los casos más nimios, dando como resultado la saturación del sistema judicial y carcelario con pequeños casos, desnaturalizando la función y rol judicial a nivel mundial y siendo funcionales a las organizaciones criminales y la corrupción», señalaron los jueces.

Los magistrados sostuvieron que apareció en los últimos años una confusión entre el rol de la seguridad y la defensa del rol que le compete a las fuerzas policiales en la búsqueda de evidencias que permitan a un magistrado hacer un juicio justo».

Fustigaron «la utilización de las fuerzas armadas en algunos países del continente americano en la persecución de la narcocriminalidad» y afirmaron que ello «abre un espacio de discrecionalidad que habilita todo tipo de violaciones al debido proceso legal.

Esa metodología también afecta, según los juristas, el respeto a la dignidad humana y Derechos fundamentales de las personas, inconciliables con el rol que a estas le caben en un Estado democrático y se fundan en la ya conocida doctrina de la seguridad nacional».

Los firmantes del documento, recordó Vázquez Acuña en diálogo con Télam en su despacho del sexto piso del Palacio de los Tribunales, aludieron a la «la falta de políticas criminales claras hacia el tráfico».

Por ello enfatizaron en la necesidad de «prevención socio sanitaria» ya que esas conductas represivas «sólo alejan del sistema sanitario a los abusadores o adictos, como a los usuarios del sistema, y estigmatizan a los primeros.

«El área de la Cooperación Penal Internacional como la instrumentación y firma de las convenciones internacionales, parecen ignorar que también al Derecho Internacional le cabe la aplicación de los principios rectores de los instrumentos de derechos humanos como del pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», señalan.

En esa línea de pensamiento concluyen que «no hay Derecho Internacional aislado de los axiomas previos de los instrumentos de Derechos humanos, por lo que debería recordarse la vigencia del preámbulo de la Carta de Naciones Unidas como todos los precedentes respetuosos del principio de humanidad y el rol de algunas agencias de Naciones Unidas».