El representante del Estado Nacional, Juan Bernabé Aráoz, del Ministerio de Comunicaciones, fue quien solicitó la prórroga de cuatro meses, dado que en ese plazo finalizará el trabajo encargado a la Auditoría General de la Nación.
La Cámara en lo Comercial de la capital federal suspendió esta tarde la audiencia prevista para este mismo jueves con el objetivo de resolver sobre un acuerdo de pago entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino SA, luego de un pedido de los representantes del Gobierno solicitando una prórroga por 120 días.
El representante del Estado Nacional, Juan Bernabé Aráoz, del Ministerio de Comunicaciones, fue quien solicitó la prórroga de cuatro meses, dado que en ese plazo finalizará el trabajo encargado a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la situación de la empresa al momento del inicio del concurso preventivo.
Si bien estaba convocada para las 10, en la sede de la Sala B de la Cámara Comercial, ubicada en el piso 5 de la avenida Roque Sáenz Peña 1191 de esta capital, el encuentro se inició este jueves a las 11.30 y duró solo unos minutos.
Allí se dejó asentado el pedido de los abogados del Estado y la decisión de postergación de las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz.
En la audiencia debería haberse analizado el acuerdo donde la empresa se comprometía a pagar unos 600 millones de pesos en cuotas hasta 2033, lo que fue considerado «abusivo» por la fiscal Gabriela Boquín.
El Estado ya se había retractado de los términos de ese acuerdo luego de que públicamente el presidente Mauricio Macri pidiera volver todo a «foja cero».
El Estado Nacional planteó que era necesario aguardar los resultados de la Auditoría y recalcó el decreto en marcha sobre el conflicto de intereses, en pos de la «transparencia».
El fiscal Juan Pedro Zoni había imputado a Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y a Juan Carlos Mocoroa, secretario de Asuntos Jurídicos de esa cartera, por el acuerdo por el Correo Argentino.
El acuerdo original establecía el pago de 296 millones de pesos por parte de la empresa concursada al Estado que Aguad aclaró que serán «600 millones (…) porque el Estado cobra en quince cuotas el 100% del capital con un interés del siete por ciento».
También había dicho en ese momento que «no hay ninguna quita. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron por el transcurso de casi 15 años».
Y además advirtió que como el concurso preventivo estaba «congelado» se perjudicaron también otros 600 acreedores.
El caso desató un escándalo político y una inmediata politización del tema hasta derivar ahora en este nuevo período de 120 días para esperar el trabajo de la AGN.
