Buscan sancionar la filtración de escuchas judiciales

  El proyecto será tratado en la sesión convocada para el miércoles. Sanciona la filtración con hasta cuatro años de prisión y prevé someter a juicio político a jueces y fiscales que faciliten su difusión.

El Senado de la Nación volverá a sesionar esta semana con la intención de debatir varios proyectos de ley vinculados con la política judicial y la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, entre los que se destaca una iniciativa para castigar la filtración de escuchas judiciales.

La sesión fue acordada entre los principales bloques de la Cámara alta y se llevará a cabo el miércoles desde las 14, aunque el horario preciso será determinado durante la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará mañana.

La intención de los bloques del oficialismo y la oposición es sesionar esta semana con los proyectos de ley que fueron dictaminados el miércoles en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y luego volver a reunirse el miércoles 25 de abril para recibir la visita del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

La iniciativa. El proyecto lleva la firma del peronista salteño Rodolfo Urtubey y está respaldado por el jefe de la bancada de interbloque Argentina Federal Miguel Ángel Pichetto y por el presidente Provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo.

El proyecto sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y prevé someter a juicio político a jueces y fiscales que faciliten su difusión.

El expediente que fue respaldado por todas las bancadas, a excepción de la de Unidad Ciudadana en la que participa Fernández de Kirchner, responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y deja a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.

Responsabilidades. Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual depende.

También se les requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos.

El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a los jueces y a los fiscales.

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