Germán Sasso, de la Brújula 24, se había negado a declarar. El juez consideró que el manejo de esa información «no pudo producirse ignorando su origen ilícito». La Fundación LED destacó la necesidad de proteger las fuentes.
La semana pasada juez federal Santiago Ulpiano Martínez ordenó un allanamiento en la redacción de La Brújula 24, en Bahía Blanca, para buscar las escuchas que vincularon al narcotraficante Juan Suris con Leonardo Fariña. La grabación expone al poder judicial local a partir de supuestos vínculos con los partícipes de ese negocio.
El viernes, Germán Sasso, responsable del medio, se negó a declarar ante la Justicia. El motivo era simple: tenía la posibilidad de proteger sus fuentes, tal como estipula la ley. Pero el juez no entendió lo mismo y ahora lo procesó.
«La recepción de tan trascendente elemento probatorio no pudo producirse ignorando su origen ilícito», sostuvo Ulpiano Martínez al argumentar su decisión, según reprodujo este miércoles La Brújula 24.
Al ser notificado del procesamiento, Sasso apunto: «El ataque a la libertad de prensa del juez es brutal. De ahora en más cualquier periodista que cuente detalles de una causa federal estaría cometiendo delito».
El diagnóstico fue compartido por la presidente de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), Silvana Giudici. «Nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos garantizan la protección de las fuentes periodísticas. Es una forma de permitir que la prensa investigue con libertad. Si se coarta este derecho no solo se está limitando la libertad de prensa, también se está restringiendo el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad de muchos casos que de otra manera permanecerían impunes», advirtió.
Giudici señaló que esta causa «ya ha generado otros intentos de censura». «Se ha mencionado a funcionarios públicos en las escuchas telefónicas que se han difundido, por lo tanto estamos ante una situación que debe manejarse con la mayor transparencia y cualquier limitación al trabajo de la prensa puede ser interpretada como intento de ocultar la verdad o encubrir a los funcionarios que pueden estar involucrados», exclamó.
«La justicia tiene que rever de manera inmediata esta decisión, no puede haber periodistas que deban enfrentar a un tribunal por proteger sus fuentes, esto es contrario al estado de derecho y a la vigencia del régimen democrático», reclamó.
