La Cámara de Senadores bonaerense aprobó un proyecto para garantizar el «acceso gratuito» al sistema de Justicia. Las personas de escasos recursos son las más vulnerables a la violencia institucional.
Los hechos de violencia institucional, aquellos que son ejercidos por miembros de las fuerzas de seguridad, tienen como sus principales afectados a sectores vulnerables y de escasos recursos económicos de la población, de acuerdo a todos los informes elaborados, en los que se analiza esta problemática. En tal sentido, la Cámara de Senadores bonaerense acaba de aprobar, un proyecto impulsado por la legisladora Mónica Macha, para garantizar el «acceso gratuito» de las víctimas al sistema de justicia.
La iniciativa, que obtuvo media sanción, le asigna una nueva función a los defensores oficiales y letrados auxiliares para poder asistir y representar víctimas de Violencia Institucional. «El proyecto prevé la creación de una herramienta que permitirá avanzar en la lucha contra la impunidad de la violencia ejercida por agentes estatales sobre grupos vulnerables en la provincia de Buenos Aires», precisó la senadora Mónica Macha.
«A partir de esta iniciativa, una persona puede recurrir a un defensor oficial para que lo asesore y represente en una causa que lo tenga como víctima de Violencia Institucional. Se trata de un paso más en la lucha contra la impunidad», explicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Alta bonaerense.
Según se indicó, persigue como objetivo, el de potenciar las posibilidades de acceso gratuito a la justicia y las de la defensa en juicio de las personas víctimas de violencia institucional, facilitando a sus familiares que puedan ser representados en juicio como particular damnificado en el proceso penal en el que se investiguen y juzguen esos hechos. «Para los sectores populares, que son las principales víctimas de Violencia Institucional, es problemático el acceso a la justicia. Con este proyecto buscamos que el Estado garantice un representante legal de forma gratuita y cualquiera sea la condición social de la víctima. Cuando nos referimos a la violencia institucional se trata de integrantes del Estado que violan los derechos de un ciudadano, por eso creemos que es imprescindible que la víctima cuenta con un defensor oficial para llevar adelante la denuncia», aseguró la legisladora de Nuevo Encuentro.
«Este proyecto de acceso gratuito a la Justicia para víctimas de Violencia Institucional es una herramienta complementaria de la ley que hemos impulsado de Fiscalías Especializadas en la temática y que avanza en el mismo sentido en la lucha contra la impunidad», concluyó Macha. Cabe señalar que las víctimas de la violencia estatal son, en su mayoría, jóvenes varones, provenientes de los sectores vulnerables de la sociedad, en base a los datos surgidos del último informe anual del Registro Nacional de casos de Tortura y/o Malos Tratos, elaborado por el Comité Provincial contra la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos humanos del Instituto Gino Germani. En el 91,8% de los casos registrados las víctimas son hombres y en el 79,9% menores de 34 años. En la Provincia, la violencia institucional alcanza ampliamente a niños y jóvenes
