La organización H.I.J.O.S organiza un escrache en Adrogué, este 5 de marzo, para José Néstor Maidana, condenado por delitos de lesa humanidad tras ser carcelero del centro clandestino de detención y exterminio “El Vesuvio”.

El ex represor cumplía una condena de 22 años de presión por delitos de lesa humanidad desde el 2011. Pero en enero recuperó la libertad por pedido de su defensa y un mal manejo de la justicia, ya que durante la feria judicial y la ausencia de la jueza Sabrina Namer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 accedió a dicho pedido.

Por ese motivo, el “escrache” va a ser realizado el 5 de marzo a las 17 horas en la plaza “San Martín”, ubicada muy cerca del departamento que actualmente ocupa Maidana, y contará con la participación de distintas agrupaciones de derechos humanos, además de movimientos sociales.

El integrante de la agrupación H.I.J.O.S Lomas de Zamora, José Dabrowski, afirmó que la acción “fue impulsado por la indignación. Por eso H.I.J.O.S de Almirante Brown habló con los de Lomas, por tener más experiencia y pidió que ayude a impulsar”, y resaltó que ahora “está impulsado por todo H.I.J.O.S (Bs As, Cap Fed, 25 de mayo), y además hay muchas organizaciones sociales que se quieren sumar”.

Con respecto a la extraña situación en que recuperó la libertad, Dabrowski evaluó: “La justicia le otorgo como una especie de ‘libertad condicional’ en medio de una feria judicial, y no estaban dados los tiempos ni las formas. Su familia no lo recibe, ni su esposa e hijos por amenazas, pero aun así el juzgado le dio el beneficio. Lo recibió una hija le dio un departamento en Adrogué y el tipo está ahí”.

Otros movimientos sociales se sumarán a la convocatoria, tal es el caso de la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield. Uno de los referentes de dicha organización, Daniel Prassel, consideró que “es gravísimo que en cualquier barrio haya un genocida cerca. Está a seis cuadras de la estación, en un lugar donde tenés jardines y escuelas. Esto es una ofensa a la comunidad en general”.

“Nosotros exigimos que las condenas de los genocidas se cumplan, y que los beneficios no lleguen a estas personas. Entendemos que no tienen nada que ver con los delitos comunes, sino que tienen un grado de perversión y dolor que se le causo al pueblo. Y el pueblo necesita señales claras de que se va a cumplir la ley”, sentenció el Prassel.