Acuerdo entre Argentina y FMI: u$s 50.000 millones a 36 meses

  El acuerdo pactado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional prevé metas inflacionarias y fiscales.

La Argentina y el FMI acordaron hoy un programa Stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones, que prevé metas inflacionarias y fiscales, indicó el organismo, que en un comunicado respaldó al Gobierno de Mauricio Macri y pidió el apoyo de la comunidad internacional.

Asimismo, el Fondo respaldó «enérgicamente los redoblados esfuerzos por reducir la inflación, que, como sabemos, carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad».

«El plan económico del gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. Avalamos plenamente esa prioridad y celebramos la intención de las autoridades de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal, restableciendo el balance primario para 2020», destacó.

En otro punto, el organismo señaló que «una plataforma central del plan de las autoridades consiste en instituir medidas que ofrezcan oportunidades y apoyo a quienes viven en la pobreza y a los miembros menos favorecidos de la sociedad argentina».

«Como señal clara de esas prioridades, las autoridades se han comprometido en mantener un piso para el gasto en asistencia social», remarcó.

Destacó que el Gobierno «ha asumido el compromiso de velar por que el gasto, como porcentaje del PIB, no descienda en los tres próximos años».

«Asimismo, si las condiciones sociales empeoran, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales», indicó.

En el comunicado, la directora gerente, Christine Lagarde, «felicito a las autoridades argentinas por haber llegado a este acuerdo».

La funcionaria afirmó que «las reformas de Argentina merecen el respaldo del FMI y de la comunidad internacional, y aguardo con interés la oportunidad de analizar a la brevedad la solicitud de respaldo de Argentina junto con el Directorio Ejecutivo del FMI».

«Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos», remarcó la funcionaria.

Agregó: «Me complace saber que podemos contribuir a ese esfuerzo brindando respaldo financiero, que apuntalará la confianza del mercado, dándoles a las autoridades tiempo para abordar un abanico de vulnerabilidades de larga data».

«Como parte de ese respaldo, tanto el FMI como el gobierno argentino tienen intención de colaborar para que se tomen las medidas y se activen integralmente los recursos necesarios a fin de proteger a la población más vulnerable a medida que avancen las reformas económicas», afirmó.

Para asegurar una más rápida convergencia al equilibrio fiscal, las nuevas metas de resultado fiscal primario son: -2,7% del PBI en 2018 (vs. -3,2% con las metas previas), -1,3% en 2019 (vs. -2,2% antes), equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes).

En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones.

El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019.

El Fondo informó que «el acuerdo a nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que examinará el plan económico de Argentina en los próximos días».

Asimismo, indicó que el acuerdo apunta a «reducir las necesidades de financiamiento del gobierno, encauzar la deuda pública por una trayectoria descendente y, como lo ha señalado el Presidente Macri, aliviar una carga que lleva a cuestas Argentina».

«Avalamos la decisión del banco central de adoptar metas de inflación realistas y significativas, así como su compromiso por mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado.

Nos alienta también el compromiso de las autoridades por dejar aseguradas la independencia jurídica y la autonomía operacional del banco central y por poner fin de inmediato al financiamiento del déficit federal por parte del banco central», consideró.

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