La Universidad Nacional de Quilmes dirigida por el rector Kirchnerista, Mario Lozano, junto al intendente Gutiérrez y acompañados por las agrupaciones: La Cámpora y Alianza Universitaria han suscripto a un Convenio con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la apertura de la Tecnicatura Superior en Ejecución Penal.
Se dispuso la instalación, en el predio de la sede Bernal de la UNQ, de un complejo áulico con capacidad para alojar alrededor de 700 aspirantes. Esto mientras en nuestra universidad faltan aulas para cursar y todos los años muchos estudiantes quedan afuera por falta de cupo. Pero los privilegios para los agentes no terminan aquí.
Mientras las becas para los estudiantes son minoritarias y económicamente irrisorias, los aspirantes a oficial penitenciario cobrarán una beca de estudio de $3.500 durante todo el periodo de “formación” y un sueldo de $10.000 cuando ya estén egresados. Todo un verdadero pronunciamiento de donde se encuentra la prioridad del gobierno y las autoridades universitarias: fortalecer a estas instituciones represivas mientras la educación y la salud públicas están en decadencia y sometidas al ahogo presupuestario.
Este proyecto del Ministerio de Justicia ya tiene como sede a varias universidades del Gran Buenos Aires como la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. También contempla la formación de las nuevas policías comunales para los cuales habrá más de 200 vacantes, como lo anunció Francisco “Barba” Gutiérrez.
Esto no es nuevo. Hace unos años, estas universidades, tienen como emblema una “sede descentralizada” de la Escuela de Policia Juan Vucetich, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora cuyo rector Diego Molea está alineado con Massa y Gabriel Mariotto (vicegobernador kirchnerista) se desempeña como decano del Departamento de Ciencias Sociales.
Y todavía quieren más. Con el discurso de seguridad de fondo, pregonado tanto por Scioli y Cristina como por Massa, “están desarrollando una verdadera operación ideológica para legitimar a la institución policial y su presencia en las calles” como lo viene denunciando hace años Carla Lacorte, estudiante de la universidad y víctima del gatillo fácil policial, que hace algunas semanas ha logrado un fallo histórico con la prisión efectiva del policía José Salmo, que intento asesinarla hace 13 años.
Contrariamente al relato “pro-seguridad”, es conocido que el “gran delito” está dirigido por la policía y los partidos políticos que la comandan; y abarca desde el narcotráfico hasta la trata de personas, pasando por el negocio de los desarmaderos; esto junto a la práctica cotidiana del gatillo fácil, que se cobra la vida de un joven cada 28 horas en Argentina.
Sale a la luz que el objetivo de esta operación es reconciliar la institución policial con el conjunto del pueblo trabajador y, para esta tarea quieren a su disposición nuestras universidades como usinas de propaganda “pro-policial”.
De la misma manera y, como parte de esta política comenzó el llamado para la formación de las nuevas policías comunales que estarán al mando de los intendentes, verdaderos “Barones del conurbano”. Esto será una forma de fortalecer su poder con policía propia que estaría integrada, también, por oficiales exonerados de la fuerza.
Una suerte de legitimar a esta “mafia organizada” con títulos universitarios como parte del “operativo reconciliación” que hace unos años impulsa el gobierno de Cristina. Ya se ha visto al Ejército de la mano del dirigente de La Cámpora, Andrés “cuervo” Larroque, realizando “Trabajo Social” en los asentamientos más pobres del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tarea contradictoria en un país donde los trabajadores y el pueblo tienen una larga tradición en la lucha contra la represión y la impunidad policial.
En cuanto al servicio penitenciario, los varios escándalos por sus prácticas al interior de las cárceles hablan por sí solos: los agentes penitenciarios son los que someten a las personas privadas de su libertad a torturas y vejaciones de forma diaria. Las cárceles están pobladas en su inmensa mayoría de personas pobres que en un 80% no tiene ni siquiera sentencia, ni han tenido derecho a juicio. Es una institución profundamente corrupta, llena de torturadores, muchos de ellos policías que han sido parte del genocidio de la última dictadura militar.
A contramano del relato de “inclusión” y “derechos humanos” que La Cámpora intenta sostener con su “Clarín Trucho”, lo único que se demuestra trucho es el propio relato que choca de frente con la política real. Una política reaccionaria que intenta prestigiar una fuerza viciada de corrupción, que está al servicio de los grandes negociados legales e ilegales de los empresarios y que está presta para reprimir a trabajadores e imponer control social sobre la juventud y el pueblo pobre que no ha visto, ni de lejos, la “Dékada Ganada”.
Esos mismos que no pueden acceder a las universidades o son sometidos a trabajos precarios y en negro. Los invisibles del “modelo”. Toda esa juventud de la que no hablan ni Massa, ni Cristina, ni Scioli, salvo para hacer demagogia o fomentar el clientelismo. Es esa juventud la que está llamada a enfrentar todo este orden de cosas. La que en las calles sabe muy bien quien lleva la marca de la gorra.
