23 sindicatos fueron intervenidos durante el gobierno de Mauricio Macri

Un total de 23 organizaciones sindicales fueron intervenidas desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, entre las que se incluyen algunos sindicatos cuyos secretarios generales fueron detenidos por estar presuntamente involucrados con hechos de corrupción. Según precisó el Ministerio de Producción y Trabajo ante un pedido de acceso a información pública realizado por NA, 23 intervenciones se llevaron a cabo durante los tres años y medio del Gobierno de Cambiemos.

Uno de los ejemplos más destacados fue el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que estuvo liderado por Omar “Caballo” Suárez desde 1989 hasta 2016: en septiembre de ese último año, el sindicalista fue detenido en el marco de una causa por presunta asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción al entorpecer el tránsito de vías navegables.

Durante más de dos años de intervención, el SOMU fue foco de varias polémicas, entre ellas, la contratación de una empleada doméstica “en negro” del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, designada para formar parte de la intervención, contrataciones irregulares y masivas de “militantes” del gobierno nacional y la justicia federal, proscripciones y persecuciones gremiales por parte del poder político y judicial, negocios personales de los interventores que terminaron dejando mas dudas que certezas, utilización de fondos del gremio para la campaña política de 2017 y, varias denuncias por vaciamiento.

Otros casos fueron los del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (Soeme), conducido por Marcelo Balcedo desde 2012. El sindicalista, que también se desempeñaba como empresario mediático en la ciudad de La Plata, fue detenido en enero de 2018 en Uruguay por presunta evasión fiscal y lavado de dinero.

Otro de los gremios intervenidos fue el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia), conducido por Omar Plaini: supuestas irregularidades en las elecciones internas de 2013 fueron la razón esgrimida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. A diferencia del caso del SOMU, la intervención del Sindicato de Canillitas duró tan solo cuarenta días. Plaini, que en ese momento era diputado nacional, había considerado que la decisión del magistrado tenía “una clara intención política” en medio de la campaña electoral: “Los canillitas ratificamos que apoyamos a Unidad Ciudadana y respaldamos la precandidatura a senadora nacional de Cristina Kirchner”, había asegurado el dirigente peronista.

Lejos de la discusión política y las tapas de los diarios, también fueron intervenidos la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), donde se denunciaron situaciones similares que en el SOMU y una de las denuncias acusaba a allegados a ex ministro de trabajo, Jorge Triaca de vaciamiento del gremio y cobro de coimas. La Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Puertos del Bajo Paraná y Delta del Paraná. El Sindicato Único de Trabajadores Informáticos de la República Argentina; el Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas, Petroquímicas y Explosivas; el Sindicato de Trabajadores Mensualizados de los Hipódromos Argentino, San Isidro y sus Anexos (Sitramen); el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina; el Sindicato de Embaladores, Descartadores y Alambradores; y la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA), entre otros.

Algunos de estos ejemplos, las intervenciones fueron a causa de sospechas de corrupción y en otros casos, situaciones administrativas. Sin embargo, el modus operandi del gobierno fue el mismo en todos los casos, mas allá de fundadas o no las acusaciones, rápidamente se decidió desplazar a los trabajadores de la vida interna de sus organizaciones, quedando exclusivamente el manejo de las organizaciones en manos del poder político y judicial. Prohibiendo la participación de las agrupaciones gremiales de trabajadores durante las intervenciones, caso que ni siquiera se dio durante la nefasta última dictadura militar. Otro modelo que se repitió en todos los gremios intervenidos, fue el armado y la presentación de listas propias, para terminar quedándose con los gremios de forma “legal”.

Obras Sociales

En muchos de estos casos las intervenciones del gobierno alcanzaron tambien a sus obras sociales. El tristemente emblematico caso de la intervencion de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) del SOMU, se prolongo por más de tres años. Al día de hoy se encuentran sin sus “autoridades naturales” ocho obras sociales.

En detalle son:
La Obra Social del Personal de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. En iguales condiciones está la Obra social del Personal de Luz y Fuerza, de Córdoba y la Asociación Gualeguaychú de Obras Sociales. Siguen la Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera y el Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Cierran OSDEPYM, que es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas; y la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada, OSTEP.

Haciendo un repaso ligero vemos al Correo: no hay que ser muy memorioso para recordar el affaire de la familia del Presidente con esa empresa. Carlos Menem lo privatizó en los noventa y el adjudicatario fue el Grupo Macri: no pagaban el canon como respuesta a que no les dejaban aumentar las tarifas. En 2001 fueron a concurso con una deuda de 300 millones de pesos/dólares y desde aquel año está intervenida la obra social. La propuesta del Grupo Macri fue de abonar aquel valor de manera nominal; es decir 300 millones de pesos sin contemplar ningún tipo de adicionales por inflación, intereses, etc. Actualmente está judicializado.

En cuanto a la obra social de la industria azucarera atrás de esta intervención, que data de noviembre de 2017, hay que poner el ojo en los intereses de la familia Blaquier. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, respectivamente dueño y administrador del ingenio durante la dictadura, fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad y por el secuestro de 29 trabajadores entre marzo y julio de 1976, en lo que se conoció como la “noche del apagón”. Estos procesamientos fueron confirmados en 2013 por la Cámara salteña mientras que en 2015 la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó la falta de mérito y revocó los procesamientos. Los demandantes apelaron y ahora se espera la definición de la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el Instituto de Servicios Sociales Bancario se encuentra intervenido desde julio de 2018.

A junio de 2019 existen 9 obras sociales a las cuales la Superintendencia de Servicios de Salud no les reconoció las autoridades.

Ellas son:
1- Obra Social del Personal de la Cerámica, Sanitarios, Porcelana de Mesa y Afines.
2- Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina.
3- Obra Social para Pilotos de Líneas Aéreas Comerciales y Regulares.
4- Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina.
5- Obra Social para Directivos, Técnicos y Empleados de John Deere Argentina.
6- Obra Social Cooperativa de Asistencia Mutua y Turismo del Personal de las Sociedades Pirelli LTDA.
7- Obra Social de la Asociación del Personal de Dirección y Jerárquico de la Industria del Cigarrillo.
8- Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas que Actúan en Frutos del País.
9- Asociación de Obras Sociales de Rosario

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